La Fiscal Regional Virginia Aravena y el fiscal jefe Guillermo Arriaza estuvieron a cargo de la formalización de las 10 personas -cinco de ellas funcionarios públicos- detenidas por formar parte de una organización criminal que vendía licencias de conducir obtenidas en forma fraudulenta en la municipalidad de Alto Hospicio.
Por los delitos de asociación criminal, cohecho y soborno, lavado de activos y obtención y falsificación de licencia de conducir fueron formalizados los 10 imputados detenidos en el marco de la investigación que sigue adelante la Fiscalía de Alto Hospicio con la Policía de Investigaciones, en contra de una organización criminal conformada por funcionarios municipales y externos, quienes vendían licencias de conducir obtenidas en forma fraudulenta, cobrando entre 600 mil y un millón de pesos por todos los trámites.
“Concluimos tres extensas jornadas en el juzgado de garantía de Alto Hospicio, donde se llevó a cabo el control de detención, la formalización de cargos y también la discusión de medidas cautelares respecto de los diez imputados de esta organización criminal destinada a la obtención de manera fraudulenta de licencias de conducir. El tribunal tuvo por acreditados los delitos por los cuales formalizamos, esto es, asociación criminal, lavado de activos, cohecho, soborno y los delitos de la ley de tránsito para gran parte de los imputados, acogiendo casi todas las medidas cautelares solicitadas”, detalló el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, quien estuvo en la formalización con la Fiscal Regional Virginia Aravena.
De acuerdo a la investigación realizada con las brigadas Antinarcóticos y Crimen Organizado (Brianco) y de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, esta organización criminal operaba desde el año 2022, siendo liderada por la imputada N.X.V.A. quien, junto a su cónyuge C.F.Q.M., su hija F.X.Q.V. y su hijo S.M.Q.V., entregaban beneficios económicos a los funcionarios públicos de la Dirección de Tránsito, los imputados M.R.Q.L., R.R.P.O., W.A.V.G., F.A.E.R., A.A.V.S., a cambio de que facilitaran la tramitación, aprobación y otorgamiento de las licencias de conducir a personas que no cumplían con los requisitos legales.
Además, la líder de esta agrupación coordinaba con la imputada I.B.F., quien se desempeñaba en una escuela de conductores de Iquique, previo pago de dinero, los certificados de aprobación de cursos de conducción, requisito indispensable para la obtención de licencias profesionales.
De este modo, estas terceras personas obtenían, previo pago entre $600 mil y un millón de pesos, sus licencias de conducir sin haber realizado las pruebas teóricas y/o prácticas, sin haber realizado el curso de conducción en los casos de licencia profesionales, con certificados de residencia falsos en muchos casos, y sin respetar los plazos establecidos del proceso.
Cautelares
El tribunal decretó la prisión preventiva de ocho de los imputados: la líder de la organización N.X.V.A., su cónyuge, su hija e hijo, y de los funcionarios públicos M.R.Q.L. y W.A.V.G., por ser sus libertades un peligro para la seguridad de la sociedad. También se decretó la privación de libertad respecto de los funcionarios A.A,V.S. y F.A.E.R., pero sólo por peligro de fuga, fijando el tribunal una caución para cada uno de ellos. En el caso del funcionario R.R.P.O. se decretó sólo el arresto domiciliario total.
Sobre estos tres últimos casos, la Fiscalía apeló verbalmente de la decisión, por lo que será la Corte de Apelaciones la resolverá finalmente la situación en que quedará cada uno.
La imputada que trabajaba en la escuela de conductores de iniciales quedó con arresto domiciliario total, como lo solicitó la Fiscalía
