Diputada Ximena Ossandón y subjefe de bancada Eduardo Durán oficiaron a Contraloría para que investigue eventuales responsabilidades administrativas al interior de la institución policial
La bancada de diputados de Renovación Nacional, solicitó a la Contraloría General de la República instruir una investigación y eventual sumario administrativo en la Policía de Investigaciones (PDI), luego de conocerse nuevos antecedentes sobre el ingreso de menores extranjeros al país bajo la figura de reunificación familiar.
La acción fue impulsada por la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ximena Ossandón, junto al subjefe de bancada RN, Eduardo Durán, quienes buscan esclarecer por qué la institución no entregó información detallada al Congreso cuando fue requerida formalmente sobre esta situación.
Cabe recordar que fue la propia diputada Ossandón quien, el 7 de abril de 2025, ofició a las autoridades solicitando antecedentes respecto del ingreso a Chile, desde el 1 de enero de 2024, de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana, venezolana y colombiana, incluyendo el número de menores que ingresaron, los vuelos utilizados y las causales migratorias invocadas para autorizar su entrada al país. Entre ellas, la reunificación familiar.
Sin embargo, la respuesta remitida posteriormente por la PDI, en agosto del mismo año, no entregó antecedentes específicos que permitieran determinar la magnitud del fenómeno ni el destino de los menores que ingresaron al territorio nacional, limitándose a referencias generales sobre los mecanismos migratorios utilizados.
Peor aun, la respuesta da cuenta que el registro de ingreso que lleva la PDI por mandato legal no permite clasificar en sub categorías migratorias -como lo es el ingreso por reunificación familiar- y solo registró los ingresos con «residencia temporal».
Ante ello, la parlamentaria explicó que la solicitud a Contraloría busca aclarar por qué la información requerida no fue proporcionada oportunamente y cómo aún no se soluciona la evidente irregularidad que existe en el registro de quienes ingresan al pais por reunificación familiar, fenómeno que es percibido como una debilidad inaceptable de nuestro sistema.
«Nosotros en abril del año pasado, tras una reunión donde surgió la preocupación de funcionarios vinculados al aeropuerto, tomamos conocimiento de que estaban ingresando numerosos niños solos al país. Por eso oficiamos a la PDI y al poco tiempo obtuvimos una respuesta absolutamente inocua, que en la práctica no aclaraba nada y que solo se escudaba en que se trataba de procesos de reunificación familiar”.
“Frente a eso, quedamos exactamente en el mismo punto. Por eso hoy le pedimos a la Contraloría que realice una auditoría y determine por qué se respondió de esa manera cuando, aparentemente, la institución sí manejaba antecedentes sobre lo que estaba ocurriendo», agregó más tarde..
Por su parte, el subjefe de bancada RN y miembro de la comisión de Familia, Eduardo Durán, sostuvo que «lo que está en cuestión no es solo el ingreso de cientos de menores extranjeros al país, sino también la capacidad del Estado para fiscalizar adecuadamente estos procesos. Si el Congreso solicitó información específica y esta no fue entregada de forma completa, corresponde determinar si existieron omisiones, negligencias o decisiones administrativas que hoy deben ser esclarecidas. La ciudadanía tiene derecho a saber quién autorizó estos ingresos, bajo qué condiciones se realizaron y qué seguimiento tuvieron esos menores una vez que ingresaron a Chile».
Desde Renovación Nacional enfatizaron que el objetivo del oficio es determinar eventuales responsabilidades administrativas y asegurar que todas las instituciones involucradas entreguen información completa y transparente respecto de una situación que ha generado creciente preocupación pública.
Los parlamentarios recalcaron que el interés central es conocer con precisión cuántos menores ingresaron al país bajo esta modalidad, quiénes fueron los responsables de su recepción y cuál ha sido el seguimiento realizado por las autoridades competentes para garantizar su protección y resguardo.
