La parlamentaria Republicana recordó sus denuncias por el uso de recursos públicos y emplazó a que se ponga fin a los beneficios de quienes participaron en hechos de violencia, tras el anuncio del subsecretario Máximo Pavez.
La diputada Javiera Rodríguez (PRep), agradeció el compromiso del Ejecutivo tras el anuncio del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien confirmó el inicio de un proceso para revisar de manera exhaustiva las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del “estallido social” de 2019.
La ofensiva fiscalizadora tomó fuerza luego de conocerse la detención en Ovalle de Benjamín Huerta Escobar, beneficiario de este aporte estatal, por el delito de tráfico de fentanilo. Ante esto, la parlamentaria recordó sus tempranas alertas sobre la materia, incluyendo su criticada manifestación del pasado 11 de marzo en el Congreso, donde vistió un traje con la consigna “chao, pensiones de gracia”.
“Agradezco el compromiso del gobierno de revisar las pensiones de gracia por el estallido delictual. Antes de ser diputada, denuncié públicamente casos que evidenciaban graves inconsistencias en este beneficio, y luego fui juzgada por llevar ese traje. Por supuesto que no me arrepiento de alzar la voz contra el abuso de la plata pública”, afirmó la legisladora.
Rodríguez precisó que “esto va más allá de nombres particulares, presidente. El estallido significó destrucción y violencia. En el estallido, los chilenos vieron vulnerados sus derechos más básicos. No tuvo cabida que el Estado haya entregado beneficios económicos en el pasado y que en el presente continúe validando el horror vivido”.
La legisladora criticó la disparidad existente entre quienes cometieron actos vandálicos y los ciudadanos afectados de forma colateral por los disturbios, asegurando que “a diferencia de este grupo, los vandalizados hasta hoy no han recibido indemnización alguna. Eso no es justicia. Las pensiones de gracia no deben ser una señal política ni un premio”.
Finalmente, Rodríguez adelantó que “haremos todo lo posible para que en nuestro país se haga lo correcto, dejar de pedirle a los chilenos que financien con sus impuestos la legitimación de quienes participaron en uno de los episodios más destructivos de nuestra historia reciente”.
