Sólo un 30% en Chile cree que el gobierno hace lo suficiente para para apoyar y proteger los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Además, la mayoría (58%) está de acuerdo con una ley que sancione los discursos de odio por orientación sexual o identidad de género.
Ipsos presentó su informe N°51 “Claves Ipsos”, que encuesta cada mes a 1.000 personas sobre sus opiniones y comportamientos en torno a temas de interés para el país. En esta edición, el informe fue desarrollado en conjunto con Fundación Iguales, abordando las opiniones ciudadanas sobre el trato, los derechos y la inclusión de las personas LGBTIQ+ en Chile.
Trato y derechos de personas LGBTIQ+
Del total de personas consultadas, 31% considera que los discursos de odio hacia las personas LGBTIQ+ han aumentado en redes sociales. Este resultado es 9 puntos porcentuales (pp.) más que el resultado registrado en mayo de 2025 (22%). Además, 58% apoya la existencia de una ley que sancione discurso de odio por orientación sexual o identidad de género, 4 pp. más que hace un año atrás.
Si bien 50% cree que los derechos de las personas LGBTIQ+ han mejorado en los últimos 5 años, esta cifra es menor que el 57% que opinaba de igual forma en el año 2025. A lo que se suma que 52% se manifiesta en desacuerdo con restringir o incluso eliminar las leyes ya existentes que reconocen derechos a las personas LGBTIQ+.
Además, el estudio indica que sólo 30% de las personas consultadas considera que el gobierno chileno está haciendo lo suficiente para apoyar y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+. En contraste, 43% cree que no lo está haciendo y 27% que declara no saber.
El informe también establece la importancia de las declaraciones y opiniones de autoridades al referirse a las personas LGBTIQ+, donde el 63% cree influyen ya sea en promover o en detener la violencia y discriminación contra la población LGBTIQ+.
“La ciudadanía prende una alerta al reconocer que las palabras de las autoridades no son neutras, sino que impulsan actitudes a favor o en contra de la comunidad LGBTIQ+. Este resultado es un llamado a la responsabilidad para la clase política y para los líderes de opinión en la construcción de un clima social de respeto y de diálogo en materia de derechos”, comenta Alejandra Ojeda Mayorga, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.
Personas LGBTIQ+ en salud, educación y trabajo
En materia de educación existe un apoyo mayoritario al desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas de integración: 77% está de acuerdo con que colegios públicos y privados cuenten con protocolos contra el acoso y la discriminación hacia estudiantes LGBTIQ+, 69% que se debería contar con orientaciones o protocolos para acompañar a estudiantes LGBTIQ+ en salud mental y bienestar, y 58% que se debería enseñar educación sexual integral con enfoque de diversidad en las escuelas.
Respecto a la salud, sólo una de cada tres personas considera que médicos y profesionales reciben la preparación adecuada para atender a personas trans (32%) o que el sistema de salud chileno está preparado para responder a las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+ (30%). Además, la mitad de las personas consultadas no está de acuerdo con que los profesionales de la salud o funcionarios públicos puedan negarse a atender a personas LGBTIQ+ argumentando convicciones religiosas o personales (52%).
En el ámbito laboral, 60% considera que los lugares de trabajo hoy son más inclusivos para las personas LGBTIQ+ que hace cinco años y 58% opina que tienen las mismas oportunidades de crecer y ser reconocidos que el resto de sus colegas. Además, entre quienes trabajan, 57% indican que en sus lugares de trabajo las personas LGBTIQ+ pueden mostrarse abiertamente. Este resultado dialoga con el reconocimiento que hacen las personas de la comunidad LGBTIQ+ de los lugares de trabajo como espacios donde han experimentado menos discriminación; en comparación con sus experiencias en instituciones religiosas o educacionales, que son identificados como más discriminadores.
«Los datos muestran a una ciudadanía que mayoritariamente apoya sancionar los discursos de odio, apoya los protocolos de inclusión en colegios y trabajos, y que rechaza eliminar las leyes que protegen a las personas LGBTIQ+. Esa ciudadanía existe y es más grande de lo que el debate político sugiere. En ese sentido, el Congreso y el Ejecutivo no tienen respuestas frente a estos temas y esperamos que estos datos sirvan para enfocar el debate político y avanzar en lo necesario», afirma María José Cumplido, directora de Fundación Iguales.
