Las parlamentarias Flor Contreras y Tamara Ramírez solicitaron antecedentes al Ministerio de Seguridad Pública y al Ministerio Público para conocer el alcance de las redes de explotación sexual asociadas al crimen organizado transnacional y los avances en la desarticulación de estructuras vinculadas al Tren de Aragua en Chile.
Las diputadas del Partido de la Gente (PDG), Flor Contreras y Tamara Ramírez, oficiaron al Ministerio de Seguridad Pública y a la Fiscalía Nacional para solicitar información detallada sobre las medidas adoptadas para combatir la explotación sexual vinculada al crimen organizado transnacional, así como sobre los avances alcanzados en la persecución de organizaciones como el Tren de Aragua. La acción surge luego de las declaraciones del fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, quien señaló que esta organización mantiene presencia en el mercado de la explotación sexual en el país.
Las parlamentarias advirtieron que la explotación sexual constituye una de las expresiones más graves del crimen organizado, debido a que combina altos niveles de rentabilidad para las organizaciones criminales con una profunda vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas, muchas de las cuales se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad social, económica o migratoria.
En ese contexto, la diputada Flor Contreras sostuvo que “cuando una organización criminal logra instalarse en actividades tan graves como la explotación sexual, estamos frente a una amenaza que va mucho más allá de la seguridad pública. Aquí hay personas que están siendo sometidas, explotadas y vulneradas por estructuras criminales que operan con altos niveles de organización. Por eso necesitamos conocer con claridad cuál es la magnitud real de este fenómeno y qué resultados concretos están obteniendo las instituciones encargadas de combatirlo”.
Por su parte, la legisladora Tamara Ramírez afirmó que “el Estado tiene la obligación de perseguir con toda su fuerza a quienes lucran con la explotación de personas. No basta con desarticular células o detener individuos; necesitamos saber si realmente se está afectando la estructura financiera y operativa de estas organizaciones criminales para impedir que vuelvan a reorganizarse y seguir operando en nuestro país”.
A través del oficio, las congresistas solicitaron información sobre investigaciones, procedimientos policiales, personas detenidas, víctimas identificadas y organizaciones criminales desarticuladas por delitos de explotación sexual y trata de personas durante los últimos años. Asimismo, requirieron antecedentes sobre las investigaciones que actualmente vinculan al Tren de Aragua y otras organizaciones transnacionales con este tipo de delitos, además de las principales dificultades que enfrentan las instituciones para perseguir eficazmente estas redes criminales.
Señalaron que combatir la explotación sexual y la trata de personas debe ser una prioridad permanente para el Estado, especialmente cuando existen antecedentes que apuntan a la participación de organizaciones criminales con capacidad para expandirse, reemplazar liderazgos y mantener operaciones ilícitas de gran escala.
