El diputado del PS cuestionó a parlamentarios que hablaron de tráfico de menores y de órganos sin presentar pruebas. “Investigar no autoriza a inventar”, afirmó, junto con anunciar una comisión investigadora para establecer la situación de cada niño y las eventuales responsabilidades del Estado.
El diputado socialista Daniel Manouchehri acusó a sectores de la derecha de utilizar el caso de los niños haitianos para sembrar miedo, difamar adversarios políticos y construir acusaciones criminales que, hasta ahora, no cuentan con respaldo probatorio.
Así lo expresó en una columna publicada en BioBioChile, titulada “Los niños haitianos y la miseria política”, donde sostuvo que el caso debe investigarse “hasta saber dónde y cómo está cada uno de estos niños”, pero advirtió que esa obligación no autoriza a presentar sospechas como delitos acreditados.
“Lo que hemos visto es una de las expresiones más descarnadas de la miseria política”, señaló Manouchehri.
El legislador apuntó directamente al diputado de Evópoli Jorge Guzmán, quien planteó la posible existencia de una red de tráfico de menores, y al republicano Enrique Bassaletti, quien mencionó incluso la posibilidad de tráfico de órganos. “Ninguno mostró una prueba, pero la película de horror ya estaba instalada”, afirmó.
Antecedentes oficiales contradicen las acusaciones
Manouchehri sostuvo que las versiones difundidas por la derecha contrastan con los antecedentes entregados por las instituciones. La Fiscalía informó que no existen antecedentes sobre tráfico de órganos. A su vez, el ministro de Defensa, Fernando Barros, señaló que no hay elementos serios para sostener la existencia de tráfico de niños, prostitución infantil o que los menores estén efectivamente desaparecidos.
El diputado recordó además que la Brigada de Trata de Personas de la PDI, al analizar una denuncia anterior de Migraciones, concluyó que los antecedentes disponibles no permitían acreditar tráfico ilícito de migrantes.
“Una sospecha no es una prueba. Y un niño al que no se encontró en una dirección registrada no puede darse por secuestrado, prostituido o víctima de tráfico de órganos”, enfatizó.
“Inubicable no significa desaparecido”
El parlamentario explicó que el caso surgió a partir de un preinforme de Contraloría. En una muestra de 105 menores, 64 no pudieron ser ubicados en los domicilios registrados. Según Manouchehri, esa información justificaba una investigación urgente, pero no permitía concluir que los niños hubieran desaparecido o estuvieran en manos de organizaciones criminales.
Durante los días posteriores, la PDI ubicó a otros 25 menores. Algunos de quienes habían sido presentados públicamente como desaparecidos estaban viviendo con sus familias y asistiendo al colegio. “Buena parte del escándalo se armó confundiendo, a propósito, al niño que un registro estatal no alcanza a ubicar con el niño que de verdad desapareció”, afirmó.
Asimismo, Manouchehri precisó que aún existen casos que deben ser esclarecidos y situaciones de precariedad que requieren intervención del Estado. Sin embargo, señaló que esas fallas no prueban las acusaciones de secuestro, prostitución infantil o tráfico de órganos difundidas públicamente.
Acusa explotación política y racial
En la columna, el diputado Daniel Manouchehri afirmó que la nacionalidad de los menores fue utilizada para amplificar sospechas y convertir problemas administrativos en una trama criminal. También cuestionó que sectores que respaldaron una iniciativa para priorizar a niños chilenos sobre migrantes en el acceso a salud y educación aparecieran ahora como defensores de los derechos de la infancia haitiana.
“Primero los quisieron al final de la fila. Ahora los usan de combustible. No les importan los niños haitianos. Les sirve el miedo que pueden fabricar con ellos”, sostuvo.
Para Manouchehri, el caso reveló una doble discriminación. Por una parte, la indiferencia frente a las condiciones de pobreza y hacinamiento que enfrentan numerosas familias migrantes. Por otra, la rapidez con que se aceptaron versiones extremas cuando los menores involucrados eran haitianos.
“Bastó que esos niños fueran haitianos para que algunos estuvieran dispuestos a imaginar lo peor. Y para transmitirlo como si fuera verdad”, expresó.
Comisión investigadora
El parlamentario anunció que impulsará una comisión investigadora en la Cámara para establecer la situación de cada menor, revisar la actuación de las instituciones y determinar posibles negligencias, irregularidades o delitos. En ese sentido, Manouchehri insistió en que no busca ocultar las fallas del Estado ni cerrar anticipadamente la investigación.
“Que se investigue todo. Que se ubique a cada niño y nos aseguremos de que esté bien. Pero también deben responder quienes usaron la nacionalidad y el color de piel de estos niños para construir una historia de horror sin una sola prueba”, concluyó.
