El parlamentario independiente sostuvo que la tragedia ocurrida en San Bernardo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar la legislación vigente respecto de adolescentes involucrados en delitos violentos y recordó el proyecto de ley que impulsa para endurecer las sanciones en casos de extrema gravedad.
La muerte de un niño de 12 años durante una encerrona ocurrida en San Bernardo ha generado conmoción nacional y reabierto el debate sobre la respuesta del Estado frente a delitos violentos. Si bien la investigación continúa en desarrollo y aún no existe confirmación oficial respecto de la identidad y edad de todos los involucrados, el caso ha vuelto a instalar la discusión sobre la participación de adolescentes en delitos de alta gravedad y las herramientas legales disponibles para enfrentarlos.
En ese contexto, el diputado Roberto Arroyo recordó que recientemente presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para que menores entre 14 y 18 años que cometan delitos especialmente graves puedan ser juzgados conforme a la legislación aplicable a los adultos. La iniciativa contempla delitos como violación, lesiones graves o gravísimas, secuestro de menores y homicidio simple o calificado.
Al respecto, el parlamentario señaló que “como diputado no puedo aceptar que sigamos normalizando hechos tan brutales como el ocurrido en San Bernardo. Hoy una familia llora la muerte de un niño inocente y el país entero se pregunta hasta cuándo vamos a tolerar esta escalada de violencia. Yo creo que llegó el momento de actuar con decisión. Si un menor de edad participa en delitos tan graves como homicidios, secuestros o violaciones, debe enfrentar sanciones acordes a la gravedad del daño que provoca. No podemos seguir enviando señales de impunidad. La primera obligación del Estado es proteger a las víctimas y dar seguridad a las familias chilenas. Por eso impulsé este proyecto de ley para los que ya decidieron que su vida será por la vía del delito y no temen a la reincidencia y siguen cometiendo crímenes, ya que saben que la justicia los ampara como menor. Porque no podemos permitir tampoco que la edad se transforme un escudo para quienes han decidido recorrer el camino de la delincuencia más violenta”.
La propuesta legislativa fue presentada en julio de 2025 y surge a partir de la preocupación por el aumento de delitos violentos protagonizados por adolescentes. Entre sus fundamentos, la iniciativa plantea que la legislación vigente se ha transformado en una herramienta insuficiente para enfrentar ciertos delitos de extrema gravedad y propone que determinados ilícitos sean sancionados bajo las mismas reglas aplicables a los adultos.
Desde el entorno del legislador recalcaron que cualquier análisis respecto de la edad de los responsables del caso ocurrido en San Bernardo debe quedar sujeto a lo que determinen las autoridades competentes, evitando adelantar conclusiones mientras la investigación sigue en curso. Sin embargo, sostienen que la tragedia vuelve a poner sobre la mesa una discusión que consideran urgente respecto de las sanciones aplicables a quienes participan en delitos de extrema violencia.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en tramitación legislativa y busca abrir el debate sobre la necesidad de actualizar la respuesta del sistema penal frente a delitos que afectan directamente la vida y la integridad de las personas.
