La bancada gremialista solicitó al Gobierno dar urgencia a una iniciativa que busca disminuir el umbral de imputabilidad, coincidiendo con lo que planteó esta mañana el ministro Arrau.
Por 77 votos a favor, 40 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó esta tarde un proyecto de resolución que solicita al Presidente José Antonio Kast priorizar una reforma para rebajar de 14 a 13 años la edad de responsabilidad penal adolescente en el país, con el objetivo de enfrentar de manera más eficiente la creciente participación de menores en delitos de alta connotación social.
Se trata de una iniciativa impulsada por la Bancada de la UDI, a través de la cual solicitaron al Gobierno otorgar urgencia a un proyecto de ley que presentaron hace casi ocho años, en julio de 2018, para no sólo rebajar la edad de responsabilidad penal en un año, sino que también para que los adolescentes de entre 16 y 18 años que reincidan o cometan delitos de gravedad sean sometidos al régimen adulto.
En el detalle, el proyecto de resolución enumera una serie de hechos delictuales en los que -durante los últimos años- han participado menores de edad, incluyendo a jóvenes de 13 años. Así, recordaron las cifras entregadas por el Ministerio Público, que informó que mientras en 2022 hubo 4.158 menores vinculados a organizaciones criminales, en 2023 la cifra aumentó a 4.675 y en 2024 a 4.966.
Justamente, la solicitud de los diputados gremialistas apunta a las «nuevas modalidades delictuales» presentes en el país, entre ellas «el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de bandas del crimen organizado», las que aprovechan las sanciones más bajas a las que se exponen los menores.
«Una de las tendencias más alarmantes corresponde a la participación de menores de edad en ilícitos que han causado gran conmoción social (…) De ahí que surge la necesidad de evaluar la edad de imputabilidad a fin de dar respuestas concretas frente a las circunstancias actuales de este flagelo, a raíz del compromiso delictual que se ha detectado a edades cada vez más tempranas, así como la sensación de impunidad que ha afectado sustancialmente la percepción ciudadana», señala el documento, que agrega que se debe «adecuar la normativa vigente para sancionar debidamente a los jóvenes infractores de ley, sin perjuicio de las políticas de reinserción social que se implementen».
Quien defendió el proyecto de resolución fue el diputado Eduardo Cretton, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana. Durante su intervención, sostuvo que «lo que buscamos es que el Estado se haga cargo de un problema que es bastante evidente: cada vez se hace más frecuente que los jóvenes y adolescentes participen en delitos violentos, muchas veces reclutados por el crimen organizado».
«Por supuesto que la reinserción social es importante y tiene que ser un objetivo de la política criminal de nuestro país. Sin embargo, hoy no pueden seguir siendo las víctimas quienes paguen los platos rotos de las falencias del Estado en esta materia. Ellos merecen justicia, y eso implica que los jóvenes y adolescentes que cometan delitos graves respondan como corresponde por sus actos», reiteró el diputado Cretton, quien de esta manera coincidió con lo planteado esta mañana por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien aseguró que junto al titular de Justicia, Fernando Rabat, «acordamos avanzar en el análisis para estudiar la reducción de la edad de responsabilidad penal».
