Los diputados Weisse, Bobadilla y Neumann presentarán una modificación legal para impedir que los alumnos que cometan delitos graves puedan optar a dicho beneficio por cinco años.
La jefa de la Bancada de la UDI, Flor Weisse, junto con el presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla, y el integrante de la misma instancia, Ricardo Neumann, lamentaron la decisión adoptada esta tarde por el Tribunal Constitucional (TC), que decidió declarar inconstitucionales cuatro artículos de la ley denominada «Escuelas Protegidas», entre ellos el que impedía a los estudiantes condenados por delitos graves contra la vida o la integridad física acceder a la gratuidad en la educación superior.
Al respecto, cabe recordar que a principios de este mes el Congreso despachó a ley un proyecto que el Gobierno impulsó a raíz de los diversos episodios de violencia escolar que se han registrado en el último tiempo, entre ellos el homicidio de una inspectora en la comuna de Calama a manos de un estudiante.
En ese sentido, si bien el objetivo de la iniciativa era fortalecer la convivencia educativa y dotar a las comunidades escolares de mayores herramientas para enfrentar este tipo de situaciones, un grupo de parlamentarios de oposición decidió recurrir al TC para impugnar diversas disposiciones contenidas en la ley, como la posibilidad de revisar las mochilas de los alumnos o todo lo relacionado con la gratuidad.
Así, tras los alegatos recibidos durante esta mañana, el tribunal resolvió declarar inconstitucionales cuatro artículos de la norma: la posibilidad de solicitar la presencia de Carabineros o de la PDI cuando un alumno se oponga a la revisión de sus pertenencias y sus padres no concurran al recinto; la medida que autoriza a las policías a efectuar dicho registro sin la orden de un fiscal; la prohibición de utilizar accesorios o vestimentas que promuevan o hagan apología o alusión a la violencia u otras conductas delictuales, y finalmente la que prohíbe optar a la gratuidad a los alumnos que cometan delitos graves.
Frente a lo anterior, si bien los parlamentarios gremialistas manifestaron «respetar, pero no compartir» la decisión del TC, aseguraron que insistirán con la norma que establecía una inhabilidad de cinco años para que los estudiantes condenados por delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública no puedan acceder a la gratuidad durante ese período. Para ello, los diputados Weisse, Bobadilla y Neumann anunciaron que en los próximos días presentarán una reforma constitucional con el objetivo de otorgar certeza jurídica a la medida y evitar su impugnación.
«Como Bancada UDI respetamos las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional, pero en este caso no las compartimos, porque creemos que se pierde una enorme oportunidad para enviar una señal relevante en materia de responsabilidad y en el uso adecuado de los recursos públicos. La gratuidad en la educación superior no es un derecho, sino que un beneficio financiado por todos los chilenos, por lo que es indispensable que vaya acompañado de ciertos estándares mínimos de conducta», señalaron los tres parlamentarios, quienes agregaron que «si es necesario presentar una reforma constitucional para garantizar la aplicación de esta medida, así lo haremos como Bancada UDI».
Por último, los diputados Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann aseguraron que «vamos a esperar a conocer el contenido íntegro del fallo del TC para analizar sus fundamentos y, a partir de eso, redactar una reforma constitucional sólida que permita que el país reponga esta medida sin espacio a nuevas impugnaciones», reiterando que «no es comprensible ni aceptable que quienes han cometido delitos graves puedan acceder, sin mayores restricciones, a los beneficios financiados por los chilenos».
