El trágico fallecimiento de un menor durante una encerrona en San Bernardo nos interpela con justa razón. El dolor exige respuestas: primero desde la legalidad, pero también desde un plano muy desatendido. Como sociedad, debemos preguntarnos qué provoca la participación de adolescentes en hechos así.
La evidencia es clara en dos dimensiones. Primero, desde la neurociencia del desarrollo: la corteza prefrontal (control de impulsos, anticipación de consecuencias, empatía) madura hacia los 25 años, mientras los circuitos de recompensa maduran antes. Este desfase explica la impulsividad, la búsqueda de sensaciones y la permeabilidad a la presión de pares. Esto no exime responsabilidad, pero explica por qué la intervención oportuna cambia trayectorias.
Segundo, desde los determinantes sociales.
La OMS sostiene que la violencia juvenil se correlaciona fuertemente con la desigualdad y la falta de protección social, y que es prevenible. Las experiencias adversas y el estrés tóxico de crecer en entornos de pobreza y violencia alteran el desarrollo cerebral, empujando hacia conductas antisociales.
La buena noticia es que la mayoría de estas conductas no se vuelven permanentes si existe un adulto protector y un Estado presente. La evidencia respalda el impacto de la crianza positiva, los programas escolares y el desarrollo de habilidades sociales.
Tragedias como esta refuerzan potentemente dos ideas: necesitamos un sistema judicial capaz de entregar justicia y seguridad, pero también debemos prevenir y promover infancias nutritivas. En ambas estamos en deuda, no solo con la familia del menor que fue víctima de este hecho delictual, sino con toda nuestra sociedad.
