El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios, agrupadas en una sola investigación, estableciendo que el tribunal competente para continuar el proceso es el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
La decisión fue adoptada tras una audiencia convocada para resolver sobre su competencia para tramitar esta causa, en que existe acusación de la Fiscalía por doce delitos de fraude al fisco y dos de lavado de activos, la cual había sido derivada a Santiago por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en mayo de este año.
Para resolver, la jueza Estefanía Asenjo Arellano aplicó las normas del Código Orgánico de Tribunales, las cuales establecen que, cuando existen múltiples hechos investigados de manera conjunta, la competencia corresponde al tribunal del lugar donde se inicia la ejecución del primer delito.
En ese contexto, la jueza determinó que el primer acto que constituye el inicio de ejecución del delito de fraude al fisco ocurrió el 1 de julio de 2022, con la suscripción de un convenio entre la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo).
En su fallo, el tribunal estableció que este hecho tuvo lugar en la ciudad de Antofagasta, lo que determina la competencia territorial del tribunal antofagastino para continuar con la causa.
Cabe señalar que, en mayo pasado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta había declarado la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta para conocer esta investigación, ordenando su traslado al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, medida que fue controvertida en su momento por el Ministerio Público.
En su resolución, el Octavo Juzgado de Garantía, acogiendo la postura de la Fiscalía Regional de Antofagasta, resolvió devolver los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Antofagasta para que resuelva si insiste en derivar los antecedentes al juzgado capitalino. De ocurrir esto, se trabará una contienda de competencia que deberá resolver la Corte Suprema.
