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Diputado Schalper (RN) junto a grupo transversal de diputados piden al Mineduc transparentar eventuales recursos públicos destinados a la Confech

Con una trayectoria cercana a los cien años formando profesionales, la PUCV pone a disposición de los estudiantes espacios presenciales y digitales para resolver dudas sobre carreras, puntajes y vida universitaria.

Iniciativa, solicita al Ministerio de Educación informar si la Confederación de Estudiantes de Chile o las federaciones que la integran han recibido financiamiento estatal y cuáles son los mecanismos de fiscalización para resguardar el correcto uso de esos recursos.

Una solicitud transversal ingresó un grupo de diputados de distintas bancadas dirigido a la Ministra de Educación, María Paz Arzola, para esclarecer si la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) o las federaciones universitarias que la integran han recibido recursos públicos durante los últimos años y, de ser así, bajo qué mecanismos de asignación, control y rendición de cuentas.

La iniciativa, impulsada por el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, fue suscrita además por los diputados Luis Pardo (RN), Jorge Guzmán (Evópoli), Javier Olivares (PDG), Hans Marowski (PNL), Pier Karlezi (PNL), Ricardo Neumann (UDI), Eduardo Cretton (UDI), Diego Vergara (PR) y Sara Concha (PSC), dando cuenta de un amplio respaldo político a la necesidad de transparentar el uso de eventuales recursos fiscales destinados a organizaciones estudiantiles.

En el oficio, los parlamentarios solicitan conocer si la Confech o cualquiera de las federaciones que la representan ha recibido recursos provenientes del Ministerio de Educación durante los últimos tres años; el monto de dichas transferencias; el origen presupuestario; el instrumento jurídico que las autorizó y el objetivo específico para el cual fueron entregadas. Asimismo, piden identificar todos los programas, fondos concursables, convenios o subvenciones mediante los cuales organizaciones estudiantiles pueden acceder a financiamiento estatal.

La solicitud también pone especial énfasis en los mecanismos de control. En ese sentido, requiere informar cuáles son las obligaciones de rendición de cuentas, transparencia y fiscalización que deben cumplir las organizaciones beneficiarias, además de consultar si durante los últimos cinco años se han detectado irregularidades, observaciones, reintegros o procedimientos sancionatorios vinculados al uso de recursos públicos por organizaciones estudiantiles.
Uno de los puntos centrales del oficio apunta a establecer si existen mecanismos específicos que impidan que recursos financiados por el Estado puedan ser utilizados, directa o indirectamente, para influir en elecciones de dirigentes estudiantiles u otras actividades de carácter político-electoral al interior de las instituciones de educación superior. Los diputados solicitan que, en caso de existir dichos controles, el Ministerio detalle su funcionamiento y si se han detectado incumplimientos en esta materia.

En esa línea, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, explicó que el objetivo de la iniciativa es resguardar la correcta utilización de recursos públicos. «Junto a un grupo de diputados hemos enviado este oficio al Ministerio de Educación y también a otras entidades para saber si existen fondos públicos comprometidos respecto de los integrantes, ya sea las federaciones en particular o la Confederación de Estudiantes, la Confech. Porque nos parece que, si hay recursos públicos comprometidos, lo que corresponde exigir es un compromiso con el bien de la educación y con el bien de Chile, y no la defensa irrestricta de alguna agenda ideológica en particular.»

El parlamentario agregó que «también debemos evitar la instrumentalización de las organizaciones estudiantiles en favor de determinados partidos políticos. Eso es precisamente lo que buscamos cautelar, y por eso lo primero es saber si existen recursos públicos comprometidos y bajo qué mecanismos son controlados».

Finalmente, el diputado Luis Pardo, integrante de la comisión de Educación, sostuvo que “el propósito de la solicitud no es cuestionar la autonomía de las organizaciones estudiantiles, sino garantizar que todo recurso financiado por el Estado esté sujeto a los más altos estándares de transparencia, probidad y fiscalización, especialmente cuando se trata de organizaciones que participan activamente del debate público y de la contingencia política”.

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