En medio del debate por la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y del aumento de delitos en los que participan menores de edad, la directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes, Jimena Valenzuela, advierte que el país enfrenta un fenómeno que la legislación no alcanzó a prever: el reclutamiento sistemático de adolescentes por parte del crimen organizado.
La participación de menores de edad en delitos violentos volvió a instalar la discusión sobre cómo enfrentar la delincuencia juvenil. Mientras el Congreso analiza cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el debate se ha concentrado principalmente en endurecer las sanciones. Para Jimena Valenzuela, directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes, el desafío es más profundo.
«La ley era imposible que pudiera anticipar los fenómenos que estamos viendo ahora: el reclutamiento sistemático de menores por el crimen organizado y el narcotráfico en los barrios», sostiene. A su juicio, ese cambio obliga a mirar el problema desde una perspectiva distinta y a incorporar herramientas que hoy no existen.
Entre ellas, plantea tipificar el reclutamiento de menores como un delito. «Hoy vemos que eso está ocurriendo», afirma, insistiendo en la necesidad de contar con mecanismos específicos para perseguir a quienes incorporan niños y adolescentes a organizaciones criminales.
La académica también pone en duda que el endurecimiento de las penas sea la respuesta. «Está comprobado que el aumento de penas no es un disuasivo. Ya hay demasiada evidencia que así lo demuestra», asegura. En cambio, afirma que lo que sí desincentiva el delito es que «efectivamente no haya impunidad», mediante el trabajo de las policías, el Ministerio Público y condenas efectivas.
En esa línea, descarta que juzgar a adolescentes como adultos contribuya a resolver el problema. «Las cárceles son escuelas para la delincuencia», advierte, recordando que el foco de la ley debe seguir siendo la reinserción de jóvenes que recién comienzan su vida y que tienen mayores posibilidades de reinsertarse.
Valenzuela sostiene que la prevención debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia para enfrentar la delincuencia juvenil. «La familia es el primer y más poderoso factor protector frente a la delincuencia juvenil», afirma, enfatizando que existe evidencia científica que respalda el impacto de vínculos familiares sólidos, referentes adultos presentes y entornos afectivos estables.
Por ello, plantea fortalecer el trabajo con las familias, apoyar la parentalidad e intervenir tempranamente en factores como la deserción escolar, la violencia doméstica y el consumo de drogas. «Ojalá que los jóvenes nunca ingresen al sistema penal», concluyó.
