El parlamentario advirtió que reducir la edad de responsabilidad penal no solo carece de respaldo internacional, sino que además significa «empujarlos más a la marginalidad» y «llevarlos a la escuela del crimen a través de las cárceles», exponiendo a niños y adolescentes a convivir con delincuentes avezados.
El diputado Bernardo Salinas Maya (PC) cuestionó el proyecto del Gobierno que busca rebajar a 13 años la edad de responsabilidad penal y que se juzgue a menores de 16 y 17 años como adultos, afirmando que la propuesta no cuenta con respaldo en la evidencia internacional y que, lejos de disminuir la delincuencia juvenil, puede terminar favoreciendo el reclutamiento de niños y adolescentes por parte del crimen organizado.
El parlamentario por la Región de Coquimbo sostuvo que “no podemos negar que en Chile hay un nivel de violencia, y donde también esa violencia y muchos delitos están asociados a jóvenes, adolescentes, y que nos duele en el alma que nuestros hijos y nuestros niños estén hoy día en una situación como esa”, y que le “preocupa, y creemos que ahí no lo compartimos con el Gobierno, es que bajar la edad de responsabilidad penal viene a resolver el tema del nivel de violencia y el nivel de actos delictuales que hoy día cometen estos jóvenes. No creemos, porque la evidencia comparada en el mundo establece que así no ha sido».
En esa línea, Salinas advirtió que reducir la edad de imputabilidad podría generar el efecto contrario al que persigue la iniciativa, al facilitar que las organizaciones criminales incorporen a menores de edad cada vez más jóvenes, ya que esta medida “lo que hace es empujar más abajo a los niños, y que las organizaciones puedan coaptar de mucho menor edad.”
Asimismo, llamó a que la discusión legislativa se desarrolle sobre la base de evidencia y no de respuestas impulsadas por la contingencia. «Esta discusión es importante, relevante, y la vamos a tener que dar. Pero la vamos a tener que dar también con evidencia comparada, sin colocar los acentos en el populismo o hablarle para la galería, porque estamos hablando de niños y jóvenes», señaló.
Finalmente, el diputado insistió en que el Estado debe evitar medidas que profundicen la exclusión de niños y adolescentes y, en cambio, avanzar en políticas que enfrenten las causas del problema. En ese sentido, planteó que el debate debe darse «primero no quitándole derechos garantizados constitucionalmente a los jóvenes, no empujándolos más a la marginalidad, no llevándolos a la escuela del crimen a través de las cárceles, con mayores incluso, compartiendo celda con gente que ya son avezados en materia criminal y penal». Además, hizo un llamado al Ejecutivo a enfrentar el avance del crimen organizado «con un plan estratégico que todavía no conocemos».
