El parlamentario solicitará al Gobierno informar los fundamentos jurídicos que respaldaron la decisión de Kast de avalar el oficio reservado enviado por la exministra a la PDI_
El diputado Luis Cuello (PC) llamó a las fuerzas de oposición a actuar “con firmeza” frente a las conclusiones del dictamen de la Contraloría sobre la actuación de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y anunció el envío de un oficio al ministro Secretario General de la Presidencia para que informe cuál fue el análisis jurídico que respaldó la decisión del Presidente José Antonio Kast de avalar el oficio posteriormente declarado ilegal por el órgano contralor.
El parlamentario sostuvo que las conclusiones de la Contraloría abren nuevas interrogantes respecto del nivel de conocimiento que tuvo el mandatario sobre las actuaciones de la entonces ministra, recordando que el pasado 1 de abril Kast respaldó el oficio reservado enviado por Steinert a la PDI, documento que posteriormente fue declarado ilegal.
“La gravedad de lo resuelto por la Contraloría en relación con los actos de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, demanda respuestas claras. Aún está en la nebulosa la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Por otra parte, el pasado 1 de abril, el presidente Kast respaldó el oficio reservado que envió la exministra Steinert a la PDI, el cual la Contraloría declaró ilegal.
Eso significa que el Presidente tuvo conocimiento pleno del contenido del oficio. Sin embargo, la pregunta que surge es cómo Kast concluyó que la solicitud de Steinert sobre una investigación en curso se ajustaba a derecho, en circunstancias en las que resulta evidente que era abiertamente ilegal. Por ello, oficiaré al ministro secretario general de la Presidencia, cuya cartera está encargada por ley de prestar asesoría jurídica al Presidente de la República, para que dé cuenta del análisis jurídico que realizó”, señaló.
Cuello agregó que estos antecedentes refuerzan la necesidad de ejercer las facultades fiscalizadoras del Congreso y sostuvo que existen fundamentos para avanzar en una acusación constitucional contra la exministra.
“Este conjunto de elementos eleva la necesidad de cumplir con nuestras facultades fiscalizadoras. Una comisión investigadora es útil, lo que no impide concluir, con la información disponible, que la exministra Steinert cometió una grave infracción a la ley y a la Constitución, configurando una causal de acusación constitucional.
Sin duda, tomar una definición requiere un debate entre las bancadas y los partidos. Y considerando que el Gobierno está relativizando su responsabilidad con argumentos ridículos —afirmando que todos cometemos errores—, hago un llamamiento a la oposición a actuar con firmeza en el caso Steinert y a dar las señales que la ciudadanía espera”, concluyó.