El legislador informó que ya conversó con la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, para que el Ejecutivo “pudiese apoyar la iniciativa y que también pudiese analizarla y ver de qué manera se puede mejorar”.
A una semana de haber presentado el proyecto de ley Antipitutos 2.0, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, pidió este viernes al Ejecutivo que le ponga urgencia a la iniciativa que busca impedir que familiares de autoridades accedan a cargos públicos por vínculos de parentesco y no por mérito.
Entre los principales cambios, el proyecto incorpora nuevas autoridades dentro de las inhabilidades para el ingreso a la función pública, incluyendo a Gobernadores Regionales, Delegados Presidenciales Regionales, Consejeros Regionales, concejales, diputados y senadores, cargos que actualmente no están considerados de manera expresa en la legislación vigente.
De hecho, el legislador explicó que ya lo conversó con la subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno (Segpres), Constanza Castillo, para que el Gobierno “pudiese apoyar el proyecto y que también pudiese analizarlo y ver de qué manera se puede mejorar, porque uno sabe que un proyecto entra al Congreso y no necesariamente sale de la misma manera que ingresó”.
“Como autor de esta nueva iniciativa”, explicó Meza, “estoy completamente abierto a conversar y a discutir cómo mejorar este proyecto y cómo podemos también incorporar a lo mejor otro tipo de controles que hagan que el tener un apellido no sea un premio, pero tampoco sea un castigo, que es lo que nosotros estamos intentando también salvaguardar con la excepción que tendría un nuevo artículo en su inciso segundo”.
“Esta excepción señala que si usted logra demostrar que tiene la capacidad y la idoneidad técnica para el cargo al que está postulando y que ingresó sin intervención de este familiar político, pueda perfectamente postular. Eso lo tiene que demostrar con una declaración jurada”, apuntó el parlamentario.
Por último, el diputado Meza reafirmó que los chilenos “esperan que quienes ingresen al Estado lo hagan por sus capacidades y no por sus apellidos. Este proyecto busca cerrar espacios que hoy permiten prácticas que deterioran la confianza pública y debilitan nuestras instituciones”.
