Chile dio un paso importante cuando promulgó la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la Ley REP. Con ella, el país estableció algo que parece simple pero no lo es: quienes introducen productos al mercado son responsables de lo que ocurre con sus residuos. Para la agricultura, eso se traduce en una obligación concreta para las empresas que comercializan en el país productos agroindustriales tales como fitosanitarios, fertilizantes foliares, bioestimulantes, entre otros: deben asociarse a un sistema de gestión reconocido —como CampoLimpio— para garantizar la recolección, el tratamiento y el reciclaje de los envases que ponen en circulación. La pregunta ya no es si hay que hacerse cargo, sino cómo.
No es una pregunta menor. Estos envases rígidos vacíos – plásticos y metálicos- requieren un manejo diferenciado y especializado mediante la técnica del Triple Lavado para poder reciclarse. Si no se gestionan correctamente, representan un riesgo real para las personas, el suelo y el agua. Por eso el marco normativo que establece, el Ministerio de Medio Ambiente, y que fiscaliza la Superintendencia del Medio Ambiente, no es solo un cumplimiento administrativo: es un compromiso con la trazabilidad y la sustentabilidad del sector.
Desde CampoLimpio llevamos más de 25 años trabajando en la gestión de envases fitosanitarios vacíos: mucho antes de que existiera la Ley REP, ya recuperábamos envases en terreno y concientizábamos a los agricultores sobre la importancia de un manejo adecuado. La ley vino a consolidar y a escalar lo que para nosotros ya era una convicción. Hoy operamos como el único sistema de gestión de envases agroindustriales que funciona formalmente bajo este marco legal en Chile. Nuestra red cubre las principales zonas agrícolas productivas, de norte a sur, con centros de recepción fijos y puntos móviles. Hemos superado las metas de recolección proyectadas por la autoridad ambiental y mantenemos la trazabilidad en toda la cadena, desde que el envase ingresa al sistema —con el Triple Lavado como condición indispensable— hasta su reciclaje e incorporación a nuevos procesos productivos. Además, entregamos a agricultores y empresas el registro válido que acredita el cumplimiento normativo, incluyendo los protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas.
Pero los números no bastan. El verdadero desafío de la Ley REP en el agro no es técnico ni logístico: es cultural. Cuando un agricultor comprende que devolver un envase correctamente es proteger su propio suelo, su agua y la salud de su familia, el cumplimiento deja de ser obligación y se convierte en convicción.
El éxito de esta política pública depende directamente de la participación de todos los actores de la cadena: industria, agricultores y sistemas de gestión. No hay atajos. Lo que Chile está construyendo con la Ley REP es la base de una agricultura moderna, y esa base se construye con trabajo coordinado, información clara y compromiso real. Seguimos en eso.
