La organización solicitó una auditoría especial al Programa de Inversión en la Comunidad, conocido como PIC o ProEmpleo, para determinar si recursos destinados a empleos de emergencia estarían siendo utilizados para cubrir funciones permanentes de municipalidades u otros organismos ejecutores, tras lo constatado en la Gobernación Regional de Valparaíso, respecto a la precaria fiscalización de los recursos públicos que han dispuesto.
La Fundación Fuerza Ciudadana solicitó a la Contraloría General de la República disponer una fiscalización especial, integral y de alcance nacional respecto del Programa de Inversión en la Comunidad, también conocido como PIC o ProEmpleo, ante el riesgo de que este instrumento, creado para generar empleos de emergencia y ejecutar proyectos de beneficio comunitario, haya terminado siendo utilizado en algunos casos como una vía paralela para sostener funciones ordinarias de municipios.
La presentación fue ingresada por el presidente de la Fundación, Raimundo Palamara Stewart, quien pidió al órgano contralor revisar no solo la ejecución presupuestaria del programa, sino también su funcionamiento real en terreno: quiénes son contratados, qué labores cumplen efectivamente, quién los supervisa, quién certifica asistencia y jornada, cómo se rinden los recursos y si existe correspondencia entre el proyecto aprobado y las tareas realizadas, tras lo constatado en la Gobernación Regional de Valparaíso, respecto a la precaria fiscalización de los recursos públicos que han dispuesto.
“El punto es fortalecer los programas de empleo para lo que fueron creados. Pedimos proteger su finalidad social, resguardar a trabajadores vulnerables y evitar que recursos públicos destinados a empleos de emergencia terminen financiando necesidades permanentes de personal municipal”, señaló Palamara.
La duda de fondo: empleo de emergencia o dotación paralela
Según la solicitud, el Programa de Inversión en la Comunidad fue concebido como un mecanismo excepcional para financiar obras, acciones o proyectos locales de claro beneficio comunitario, intensivos en mano de obra y orientados a personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la Fundación advierte que existen antecedentes suficientes para que Contraloría revise si, en la práctica, algunos beneficiarios estarían desempeñando labores propias del funcionamiento habitual de municipios, tales como apoyo administrativo permanente, atención de público, aseo de dependencias, mantención regular, archivo, apoyo operativo continuo o tareas vinculadas a departamentos municipales.
Para Fuerza Ciudadana, el problema no consiste en que los beneficiarios presten apoyo a la comunidad, sino en determinar si esas funciones siguen siendo transitorias y comunitarias, o si han pasado a reemplazar puestos que debieran estar cubiertos mediante las formas regulares de contratación pública.
“Si un programa de emergencia se usa durante años para cubrir labores permanentes, no estamos frente a una política social bien ejecutada, sino ante una posible desnaturalización del programa. Eso debe revisarlo Contraloría con independencia, trazabilidad y acceso a todos los antecedentes”, agregó Palamara.
Fiscalización nacional y no solo regional
La Fundación planteó que el riesgo institucional excede a una comuna o región determinada, por lo que pidió que la fiscalización tenga alcance nacional y comprenda, al menos, los últimos cinco años presupuestarios.
Entre los puntos centrales de la presentación se solicita verificar si el ProEmpleo ha sido utilizado para suplir déficits de dotación municipal, si existen beneficiarios que cumplen funciones permanentes, si hay personas que aparecen simultáneamente vinculadas a municipios y al programa, y si se han generado incompatibilidades, conflictos de interés o pagos que no correspondan a jornadas efectivamente cumplidas.
La organización también pidió revisar especialmente el rol de supervisores, coordinadores y certificadores de asistencia, ante el riesgo de que quienes deben controlar el cumplimiento del programa estén insertos en el mismo esquema que deben fiscalizar.
Matriz reservada y cruces de información
Uno de los puntos más relevantes de la solicitud es que Contraloría levante una matriz de trazabilidad nominativa reservada, con pleno resguardo de los datos personales de los beneficiarios, para cruzar información sobre contratos, funciones reales, jornadas, pagos, supervisores, certificadores, vínculos municipales y cumplimiento de requisitos de ingreso y permanencia.
La Fundación pidió que se crucen nóminas del programa con dotaciones municipales de planta, contrata, honorarios, Código del Trabajo, corporaciones municipales y otros organismos públicos, a fin de detectar eventuales dobles funciones, dobles pagos, incompatibilidades o conflictos de interés.
También se solicitó revisar libros de asistencia, planillas de pago, informes de supervisión, rendiciones de cuentas, entrega de insumos, elementos de protección personal y la existencia material de los proyectos comunitarios financiados.
Visitas en terreno y eventual remisión al Ministerio Público
La presentación requiere que Contraloría practique visitas en terreno, idealmente aleatorias y no anunciadas, para verificar las funciones reales que cumplen los beneficiarios, el lugar donde trabajan, la existencia de supervisión efectiva y el cumplimiento de jornada.
Asimismo, Fuerza Ciudadana pidió que, si durante la fiscalización aparecen antecedentes que revistan caracteres de delito, estos sean remitidos al Ministerio Público. La solicitud menciona hipótesis como pagos por jornadas no trabajadas, certificaciones falsas o inexactas, rendiciones sin respaldo, uso de recursos para fines distintos a los autorizados, simulación de proyectos comunitarios o utilización del programa para fines ajenos al interés público.
Enfoque de protección a los trabajadores
La Fundación enfatizó que la fiscalización debe distinguir entre los beneficiarios del programa y quienes tenían deberes de dirección, administración, supervisión, certificación o rendición de los recursos públicos.
“Muchos beneficiarios dependen de este ingreso y no son responsables de eventuales diseños institucionales irregulares. Por eso pedimos una revisión seria, reservada y enfocada en quienes autorizaron, certificaron, toleraron o normalizaron el uso de recursos públicos para finalidades distintas de las previstas”, sostuvo Palamara.
Finalmente, Fuerza Ciudadana solicitó a la Contraloría informar el número de ingreso de la presentación y las medidas de fiscalización que se dispongan, con el objetivo de resguardar la legalidad del gasto público, la probidad administrativa y el correcto uso de recursos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
