Una persona que duerme en la calle ha perdido casi todo: su hogar, una cama, un baño, un lugar seguro donde comer, asearse y proteger a su familia. Las personas llegan a esa situación después de una cadena de quiebres y exclusiones. Según el Censo 2024, en Chile hay más de 21 mil personas viviendo en la calle, entre ellas: 800 niños, 7 mil personas mayores y cerca de 4 mil presentan alguna discapacidad.
Vemos con preocupación el Proyecto de Ley que busca tipificar como delito el uso de bienes públicos para habitar o pernoctar. Penalizar a quienes instalan rucos solo por habitar allí es perseguir a quienes no tienen donde vivir: es castigar la pobreza y empujar a las personas a condiciones aún más peligrosas, destruyendo sus pocos bienes y redes de apoyo. Es, además, perpetuar la marginalidad, imponiendo barreras para continuar tratamientos médicos, conseguir empleo formal o postular a subsidios. Es una política que no tiene evidencia de ser efectiva, es cara y con escasa rentabilidad para el Estado.
Sin duda que los vecinos que conviven con esta realidad necesitan respuestas concretas. Pero ellas deben ser sólidas, centradas en soluciones integrales y de calidad con iniciativas que aborden las causas estructurales de la problemática, no sólo sus síntomas, y menos aún quedarse satisfechos por hacer que el ruco se vaya a otra parte. Existen propuestas probadas y eficientes, que pasan por políticas de vivienda, acompañamiento, salud, educación y empleo, que involucren la coordinación del Estado con los municipios y organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué tal si intentamos hacerlo bien?
