En el marco de sus facultades fiscalizadoras, el diputado Jorge Díaz, ofició al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y a la Municipalidad de Arica, tras detectar el pago de 64 millones de pesos mediante la modalidad de “trato directo” al Hotel Concorde, para alojar por 30 días a 120 de las personas que serán desalojadas de Cerro Chuño.
El parlamentario cuestionó duramente la utilización de este mecanismo, señalando que la adjudicación directa se tradujo en una contratación sin licitación pública, sin competencia y sin transparencia en el precio.
Según explicó Díaz, la ley exige estrictamente que, para justificar un trato directo, la situación debe responder a un hecho urgente e imprevisto. Sin embargo, enfatizó que el desalojo y la crisis habitacional en Cerro Chuño es una problemática que se arrastra hace años y que la propia autoridad regional ya había ordenado hace meses.
Díaz exigió explicaciones formales al Municipio y al Ministerio a través de un requerimiento que contempla cuatro puntos clave:
- Justificación de la urgencia: Explicar los motivos para catalogar como «emergencia» un desalojo que era previsible desde hace meses y años.
- Omisión de la licitación: Aclarar las razones por las cuales no se llamó a una licitación pública abierta.
- Planificación y costos: Detallar el plan general, el cronograma de trabajo y el costo total proyectado para la erradicación definitiva de Cerro Chuño.
- Catastro y situación migratoria: Presentar el catastro oficial de las familias afectadas y especificar su estatus migratorio, aclarando si se trata de familias chilenas o extranjeras.
Promesa de Campaña
Refiriéndose al desalojo del Cerro Chuño, el parlamentario dijo que estamos ante una promesa de campaña que se está convirtiendo en una factura que está pagando la región más pobre de Chile. “Cerro Chuño fue una bandera de campaña, se prometió erradicación y eliminar el foco delictivo del sector y hoy tenemos a un gobierno regional poniendo 3 mil millones de pesos y a un municipio arrendando un hotel por 64 millones de pesos, con piscina, wifi y baño privado, para que el foco delictual se traslade al centro de Arica, lo cual es una verdadera improvisación”, dijo.
Finalmente indico que “la plata es de todos los ariqueños y no se gasta a dedo, o al menos no sin dar las explicaciones correspondientes”, asegurando que continuará ejerciendo sus facultades de fiscalización en resguardo de la transparencia y el correcto uso de los fondos comunales.
