La diputada de la bancada de la UDI, Marlene Pérez, valoró que el Ejecutivo esté evaluando un veto para corregir disposiciones incorporadas al proyecto de Reconstrucción que, pese a haber sido impulsadas para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, podrían terminar generando efectos negativos para el sector.
En ese contexto, destacó la revisión de la modificación incorporada a la Ley de Pago a 30 Días, que introduce un nuevo requisito para la cesión de facturas al factoring. La norma establece que, cuando una pyme ceda una factura a una empresa de factoring para adelantar el pago de ese documento y obtener liquidez, el deudor deberá pronunciarse en un plazo de dos días hábiles respecto de esa cesión.
“Hoy la cesión de la factura opera de manera automática a través del registro del Servicio de Impuestos Internos. Incorporar una aceptación expresa del deudor abre un espacio de incertidumbre que, según han advertido representantes del sector, podría traducirse en más riesgo para las operaciones de factoring, mayores costos de financiamiento y menos acceso al crédito para las pymes”, señaló la parlamentaria.
“Valoro que el Gobierno y el ministro de Hacienda estén disponibles para revisar esta disposición. Cuando una norma puede terminar perjudicando a quienes justamente busca proteger, lo responsable es corregirla antes de que entre en vigencia”, agregó.
Pérez sostuvo que la preocupación no proviene solo del mundo político, sino también de los propios gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas, que han advertido que algunas de las normas incorporadas al proyecto, aunque bien intencionadas, podrían restringir el acceso al financiamiento, encarecer el crédito o generar efectos adversos para el desarrollo de las pymes.
“Por eso es fundamental escuchar a quienes representan al sector y avanzar en el Estatuto Pyme 2.0, comprometido por el Gobierno, para construir una legislación que realmente responda a los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Las pymes son el motor de nuestra economía y merecen reglas que las ayuden a crecer, no que les generen nuevas dificultades”, afirmó.
La diputada recordó además una preocupación que planteó durante la discusión del proyecto. “Hoy muchas pymes terminan un trabajo, pero deben esperar semanas e incluso meses para que el Estado o las empresas mandantes autoricen la emisión de la factura. Mientras eso no ocurre, el plazo legal de pago a 30 días ni siquiera comienza a correr. En la práctica, las pymes terminan esperando mucho más de 30 días para recibir el pago de un trabajo que ya realizaron, afectando gravemente su liquidez”, indicó.
