El 9 de julio de 2026 marcó un hito con la publicación de la nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte. La urgencia es innegable: más del 92% de los niños y el 59,6% de los adultos chilenos son físicamente inactivos, una crisis de salud pública que el documento busca enfrentar.
Sin embargo, en el afán por sumar más personas activas, se omite un componente crítico: la seguridad. La Encuesta Nacional de Salud (ENCAVI) 2023-2024 revela que el 63,9% de la población padece al menos una enfermedad crónica. Impulsar a una persona con hipertensión o patologías cardíacas a ejercitarse sin la supervisión adecuada no es una solución; es un riesgo.
La actividad física debe ser prescrita como un medicamento: con dosis, intensidades, tiempos, frecuencia y supervisión. Los profesionales idóneos para esto son profesionales de la salud, como por ejemplo los kinesiólogos, cuyo rol en la prescripción del ejercicio es fundamental para garantizar beneficios y prevenir lesiones. Avanzar en una «cultura del movimiento» requiere hacernos cargo de la diversidad de condiciones de salud de la población.
La política es un paso necesario, pero el próximo debe ser asegurar que cada chileno pueda moverse, pero de manera segura. No basta con más actividad; se requiere actividad bien prescrita. Esa es la verdadera revolución pendiente.
