El rescate de tres personas extraviadas en el Cajón del Maipo ha producido sentimientos encontrados; por un lado, alegría y alivio; por otro, indignación pública. Debido a los antecedentes del caso, la conducta de los involucrados es percibida como imprudente, porque no sólo puso en riesgo a quienes no midieron las consecuencias de sus acciones, sino que también condujo a un despliegue enorme de recursos humanos y materiales. Incluso, los rescatistas y quienes participaron en la búsqueda expusieron sus vidas a un peligro que pudo haberse evitado, lo que acrecienta la indignación. Además, no es menor considerar que es la sociedad la que termina asumiendo los costos de decisiones individuales catalogadas como imprudentes.
De esta manera, la rabia de muchos ciudadanos no surge sólo por la irresponsabilidad de quienes se extraviaron, sino también por una sensación de injusticia. De hecho, mientras numerosas emergencias requerían el despliegue de recursos humanos y materiales para auxiliar a personas afectadas por el temporal, la búsqueda movilizó un enorme operativo de rescate destinando esfuerzos y recursos que podrían haberse orientado a salvar vidas. Esta percepción de injusticia se sustenta, además, en la idea de que algunas desgracias pueden prevenirse si se actúa de manera responsable, especialmente en circunstancias climáticas adversas, cuando muchas familias han visto sus viviendas inundadas o han quedado aisladas.
La responsabilidad es necesaria, pero no hay que confundirla con venganza. Si la sociedad es madura puede cuestionar la imprudencia, especialmente cuando este cuestionamiento favorece la reflexión acerca del autocuidado y el cuidado de los demás en situaciones de catástrofe. Las eventuales consecuencias de los actos temerarios deberán ser determinadas por las autoridades; sin embargo, como sociedad, no debemos celebrar el sufrimiento ni promover un castigo social ilimitado, porque aquello nos deshumaniza y, en lugar de ayudarnos a aprender de los errores, nos instala en la condena.
