La ciberseguridad en Chile se presenta hoy como un campo de batalla exigente y de alto riesgo. Instituciones, tanto del sector público como privado, enfrentan un continuo y sofisticado accionar de fuerzas cibercriminales, que se manifiestan en ataques de ransomware, filtraciones de datos y sabotajes operativos.
Este contexto de amenaza se ve intensificado por la vigencia de la Ley Marco de Ciberseguridad. Esta nueva legislación exige la protección proactiva de los sistemas y la infraestructura crítica, estableciendo responsabilidades, multas y sanciones para quienes incumplan con los estándares mínimos de seguridad.
No obstante, en medio de esta presión regulatoria, persiste una problemática de carácter estratégico: la toma de decisiones en ciberseguridad dentro de muchas organizaciones no recae en el personal cualificado. Peor aún, una porción considerable de empresas está adoptando un enfoque meramente de cumplimiento, en lugar de la efectividad real y la preocupación en la gestión del riesgo.
Un ejemplo palpable es la designación de personal sin la expertise técnica requerida como oficiales de ciberseguridad, delegando funciones críticas como la gestión de la postura de seguridad, la respuesta a incidentes y el cumplimiento normativo en manos equivocadas. La ciberseguridad es una disciplina técnica que exige un entendimiento profundo de las amenazas, las vulnerabilidades y las soluciones tecnológicas.
Otra manifestación directa de este cumplimiento superficial es la adquisición de soluciones tecnológicas (hardware o software) cuya única o principal finalidad es servir como una «prueba de inversión» ante posibles fiscalizadores. La meta no debe ser la mera «apariencia de cumplimiento», sino la seguridad real y la gestión efectiva del riesgo. Esto exige un compromiso genuino de la alta dirección, la inversión en talento calificado y la implementación de soluciones que respondan a una estrategia de ciberseguridad alineada con los riesgos y objetivos del negocio.
