El parlamentario expresó su apoyo al proyecto de reforma constitucional impulsado por el Ejecutivo que establece el consumo de drogas ilícitas como causal de cesación en el cargo para las autoridades públicas, y destacó que la iniciativa avanza en la misma línea que ha impulsado para fortalecer la transparencia y la probidad en el servicio público.
La propuesta alcanza a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales, estableciendo un estándar común de transparencia y probidad para quienes ejercen responsabilidades públicas.
El respaldo del diputado se produce luego de que impulsara públicamente la extensión de los test de drogas a todas las autoridades y funcionarios públicos, promoviendo mayores mecanismos de control y estándares de probidad en el servicio público. En coherencia con esa postura, Sabat se sometió voluntariamente a un examen de drogas mediante muestra de cabello y, posteriormente, fue notificado por la Cámara de Diputadas y Diputados de un resultado negativo en el control periódico realizado por el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.
Para el legislador, la iniciativa representa un avance importante para fortalecer la credibilidad de las instituciones y responde a una demanda ciudadana por mayores estándares de responsabilidad en el ejercicio de los cargos públicos.
“Quien tiene el privilegio de ejercer un cargo público debe estar dispuesto a cumplir los más altos estándares de transparencia. Si le exigimos probidad a las instituciones, las autoridades debemos ser los primeros en dar el ejemplo”.
Asimismo, el parlamentario sostuvo que quienes ejercen cargos públicos deben estar plenamente disponibles para someterse a este tipo de controles: “El test de drogas no debería dar miedo. Lo que debería preocuparnos es que haya autoridades que se opongan a realizarlo”.
Finalmente, el diputado reiteró que este tipo de exámenes debe transformarse en un estándar para todas las autoridades, asegurando que la transparencia y la probidad deben acreditarse con hechos y no solo con declaraciones.
“Tenemos que dar la mayor transparencia y probidad hacia la ciudadanía. Y esta es una prueba de la blancura, es por eso que tiene que ser una obligación”, concluyó.
