“En los últimos años hemos visto cómo ha proliferado un verdadero mercado clandestino de medicamentos abortivos, donde personas inescrupulosas lucran ofreciendo estas sustancias por redes sociales, aplicaciones de mensajería o internet, sin ningún control sanitario y poniendo en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres”.
El diputado Agustín Romero (PRep) anunció el ingreso de un proyecto de ley destinado a sancionar con las mismas penas contempladas para quienes facilitan o participan en un aborto, a todas aquellas personas que vendan, distribuyan, ofrezcan, intermedien o comercialicen, por cualquier medio, medicamentos abortivos de manera ilegal.
La iniciativa busca modificar la legislación vigente para que quien incurra en este tipo de comercialización ilícita -que incluye píldoras como el misoprostol u otros de similar efecto-, y sean arrestados, la pena que se les asigne no sea tratadas únicamente como una infracción por venta ilegal de medicamentos, sino que sean consideradas parte del delito de aborto cuando su finalidad sea provocar la interrupción del embarazo, al margen de las excepciones que contempla la ley chilena.
“En Chile el aborto sigue siendo un delito, salvo las tres causales expresamente establecidas por la Ley. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo ha proliferado un verdadero mercado clandestino de medicamentos abortivos, donde personas inescrupulosas lucran ofreciendo estas sustancias por redes sociales, aplicaciones de mensajería o internet, sin ningún control sanitario y poniendo en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres”, sostuvo al respecto el legislador.
En esa línea, el parlamentario integrante de la comisión de Salud, recordó que hoy la venta ilegal de estos fármacos suele perseguirse únicamente como una infracción a la normativa sanitaria, pese a que su objetivo es facilitar la comisión de un aborto fuera de los casos permitidos por la legislación.
“No podemos aceptar que en Chile existan personas lucrando a través de redes sociales con la venta clandestina de medicamentos destinados a provocar abortos ilegales. Este proyecto no afecta sus usos médicos ni las tres causales vigentes. Persigue a quienes los venden sin receta, sin control sanitario y aprovechándose de mujeres que muchas veces se encuentran en una situación de vulnerabilidad”, aseveró.
Asimismo, Romero agregó que el proyecto también busca enfrentar un fenómeno que ha crecido al amparo de plataformas digitales y mercados informales.
“Estamos hablando de personas que hacen negocio con un medicamento de alto riesgo, que requiere evaluación clínica y supervisión profesional. La automedicación con este tipo de fármacos puede provocar hemorragias severas, infecciones, abortos incompletos y otras complicaciones graves que ponen en peligro la vida de la mujer”, añadió el parlamentario.
El diputado sostuvo también que la iniciativa pretende reforzar, tanto la protección de la vida del que está por nacer como la seguridad de las mujeres, frente a organizaciones o personas que comercializan estos medicamentos de manera clandestina.
“Nuestro deber es cerrar este vacío legal. Quien lucra facilitando abortos ilegales mediante la venta clandestina de medicamentos abortivos debe asumir la misma responsabilidad penal que corresponde a quien participa en la comisión del aborto. No podemos seguir tolerando que exista una industria ilegal que obtiene ganancias poniendo en riesgo vidas humanas y burlando la legislación vigente”, finalizó.
