El Senado despachó la Ley de Reconstrucción Nacional, la llamada “megarreforma” económica y tributaria del Gobierno de José Antonio Kast. Entre otros elementos, la legislación rebaja el impuesto corporativo de 27% a 23%, incorpora reintegración tributaria e invariabilidad impositiva para grandes inversiones. Y aunque ahora va a la Cámara de Diputados para su tercer trámite, la pregunta que debemos plantearnos es ¿qué cambia realmente para quienes administran patrimonios relevantes en Chile?
La reforma contiene cambios que podrían ayudar a reconfigurar la planificación patrimonial para la próxima década. Por ejemplo, el artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, que hoy grava con 10% las ganancias de capital en instrumentos con presencia bursátil, pasará a 0%. Esto habilita portafolios que rentan y, al rescatarlos, no pagan impuesto, lo que significa un cambio estructural para quien invierte con horizonte de largo plazo.
A esto se suma la modificación a la Ley de Donaciones, que permite traspasar acciones a los hijos o donar propiedades pagando la mitad de lo que exige hoy la tabla vigente, una ventana concreta para adelantar decisiones de sucesión que muchas familias, habitualmente, postergan.
También existen cambios importantes en el DFL2, que ya no sólo presenta beneficios a las dos primeras propiedades por RUT; las siguientes podrían acceder a un impuesto único de 5%, reordenando la inversión inmobiliaria como vehículo patrimonial.
Otro elemento relevante es el incentivo a la repatriación de capitales para quienes mantienen activos en el extranjero y evalúan declararlos y traerlos a Chile pagando un impuesto reducido.
¿Quiénes serán los más impactados? La legislación beneficiará a inversionistas con patrimonios diversificados y visión de largo plazo, capaces de reestructurar su portafolio antes de que la ley entre en régimen, y quienes hoy postergan decisiones de sucesión o repatriación.
Este es el momento de revisar estructuras societarias, calendarios de sucesión y estrategias de inversión con mirada de al menos 10 años. La reforma abre oportunidades reales, pero exige asesoría rigurosa, porque no todos los cambios aplican igual a todos los patrimonios, y las ventanas de transición suelen ser más cortas de lo que parecen.
