El gremio que reúne a 250 pequeñas y medianas empresas de distintos sectores productivos de la zona centro sur del país y que en conjunto aportan más de 3.500 empleos directos, cuestionó que las modificaciones aprobadas se concentren únicamente en los plazos de pago, sin abordar la etapa previa, donde muchas empresas deben esperar largos períodos para poder emitir sus facturas.
La asociación advirtió que este grave problema afecta especialmente a las pymes, donde casi un 60% depende de contratos con el Estado o grandes empresas y donde esta práctica se encuentra extendida. ASEM llamó al Ejecutivo “a apretar donde efectivamente le duele a las Pymes”.
Las modificaciones ingresadas en el Senado y aprobadas en la Cámara de Diputados a la Ley de Reconstrucción Nacional han comenzado a tener efectos indeseables para las Pymes, alertó la Asociación de Empresas del Biobío (ASEM). Ello porque la discusión legislativa se ha concentrado en eliminar la posibilidad de pactar plazos excepcionales de pago entre empresas, pero el problema es otro, subrayaron.
ASEM sostiene que esto no resuelve el problema de fondo, ya que muchas pymes deben esperar semanas para que sus clientes validen los trabajos, bienes o servicios entregados para recién poder facturar. Durante ese periodo, la empresa ya ha asumido sus costos operacionales (remuneraciones, insumos, proveedores, obligaciones tributarias y otros costos), pero todavía no puede iniciar formalmente el cobro.
Según ASEM Biobío no se pone el foco en uno de los principales obstáculos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para recibir oportunamente el pago por sus productos y servicios: las demoras en los procesos de recepción, conformidad y autorización que anteceden a la emisión de una factura.
El gremio explicó que “el verdadero drama de las pymes está en que pueden pasar 60, 90 o más días sin poder emitir las facturas que habiliten el pago. Entonces los 30 días para el pago es una parte del problema, pero lo doloroso está en la espera para poder facturar”, explicaron. Por ello llamaron al Ejecutivo a “apretar donde efectivamente le duele a las Pymes”.
“Mientras una pyme espera autorización para facturar, la actual ‘Ley de Pago a 30 Días’ simplemente no empieza a correr. En la discusión de esta reforma perdimos la oportunidad de abordar lo que ocurre antes de la emisión de la factura, porque se estaba dejando fuera una parte fundamental del problema”, explicó el presidente de ASEM Biobío, Humberto Miguel Cerda.
“En la práctica, muchas pymes terminan financiando a sus propios clientes. Cumplen con el trabajo, asumen todos los costos y luego deben esperar una serie de autorizaciones internas para recién poder facturar. Esa demora afecta su capacidad para cumplir sus compromisos, invertir, contratar y seguir creciendo”, afirmó Miguel.
La propuesta de las Pymes del Biobío
Por ello, ASEM plantea que el análisis técnico del Ejecutivo -que anunció reserva de constitucionalidad en la materia y evalúa el ingreso de un veto- debe tener por objetivo evitar que los procedimientos administrativos de las empresas compradoras terminen postergando la emisión de las facturas y trasladando la carga financiera a los proveedores de menor tamaño.
“Una regulación efectiva no puede comenzar cuando la factura ya fue emitida. También debe hacerse cargo de los tiempos previos y asegurar que una empresa pueda facturar oportunamente por un trabajo que ya realizó”, sostuvo el presidente de la organización.
La preocupación adquiere especial relevancia en el Biobío, donde existen más de 89 mil micro y pequeñas empresas, que generan cerca del 50% del empleo regional y aportan aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto local. De ellas, casi un 60% tiene dependencia de contratos con el Estado o grandes empresas.
«Lo que en el papel puede perseguir un fin loable, en la práctica puede ser perjudicial, porque las dificultades de liquidez no solo comprometen la continuidad y el crecimiento de cada empresa, sino también su capacidad para mantener puestos de trabajo, cumplir con sus proveedores y realizar nuevas inversiones», aseguró.
ASEM Biobío reúne a 250 empresas de distintos sectores productivos de la zona centro sur del país, que en conjunto aportan más de 3.500 empleos directos. La asociación trabaja para que las decisiones estratégicas incorporen la mirada de las pymes y promuevan mejores condiciones para su productividad, competitividad y desarrollo.
