El 28 de julio de 2026, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, propuso privatizar Codelco, «o al menos parte de su propiedad, para que le entre oxígeno privado a la empresa», planteando un esquema de venta minoritaria —en el rango del 15% al 25%— que permitiría incorporar directores independientes de los gobiernos de turno, sin que el Estado pierda el control.
El gobierno del Presidente Kast descartó avanzar por ahora y llamó a trabajar para que le vaya bien primero y después abrir el debate, aunque se abrió a vender «bienes prescindibles» de sus filiales. La oposición rechazó de plano la idea, siendo categóricos en indicar que “Codelco no se vende”.
El trasfondo financiero explica el debate: la deuda bruta de Codelco supera los US$ 26.000 millones (creció desde ~US$ 15.400 millones en 2018), cerca de cuatro veces el promedio de las grandes mineras privadas. En 2025 pagó US$ 1.127 millones solo en intereses —casi el doble que en 2018—, sus costos por tonelada subieron fuertemente en los últimos años y la producción propia (1,33 millones de toneladas en 2025) está lejos de los 1,8 millones de 2018. Aun así, aportó US$1.778 millones al Fisco en 2025. El problema estructural: por ley entrega todos sus excedentes al Estado y financia sus megaproyectos con deuda.
Dentro de las ventajas de una venta minoritaria se encuentra la capitalización sin costo fiscal. La venta de un 20% podría recaudar una cifra muy significativa (las estimaciones de valor de Codelco varían ampliamente), recursos que permitirían reducir deuda o financiar los proyectos estructurales sin nuevos aportes del Fisco ni más endeudamiento.
Se podría pensar en un mejor gobierno corporativo. Accionistas minoritarios y directores independientes impondrían disciplina de mercado: reportes bajo escrutinio bursátil, menor injerencia política en nombramientos y decisiones de inversión evaluadas por rentabilidad.
A lo anterior se suma la presión de inversionistas privados suele forzar control de costos; el alza de ~43% en cuatro años es hoy uno de los flancos más criticados de la administración.
Listar acciones en bolsa obligaría a valorizar la empresa a precio de mercado, haciendo visible la creación (o destrucción) de valor de cada administración.
Además, con 75%–85% de la propiedad, el Estado conserva la mayoría del directorio, la estrategia y la mayor parte de los excedentes; el modelo tiene precedentes en petroleras y mineras estatales listadas parcialmente en otros países.
DESVENTAJAS Y RIESGOS
Vender el 20% implica ceder a perpetuidad el 20% de los dividendos de la principal empresa del país. Si el cobre entra en un superciclo (electromovilidad, transición energética), el costo de oportunidad puede superar con creces lo recaudado.
Hay que tener presente que el peor momento para vender es cuando la empresa está debilitada: alta deuda, costos elevados y producción baja deprimen el precio que pagaría el mercado. Se vendería barato lo que, saneado, valdría mucho más.
Codelco es instrumento de política minera (litio, tierras raras, encadenamientos productivos) uno de los mayores productores de cobre del mundo. Accionistas privados pueden resistir decisiones de interés nacional que no maximicen utilidades.
El déficit estructural es la regla que obliga a entregar el 100% de los excedentes al Fisco. Sin una política de capitalización estable, la caja de la venta se agota y el problema reaparece.
Así como se ha indicado públicamente, un 15% inicial puede facilitar ventas sucesivas hasta perder el control. Es el argumento central de los detractores.
Todo esto tiene un costo político y social. El cobre estatal tiene un fuerte arraigo simbólico desde la nacionalización de 1971, aprobada por unanimidad en el Congreso. Incluso en la propia coalición oficialista (UDI) advierten que es una medida impopular; los sindicatos serían un actor de resistencia relevante.
¿SE PUEDE VENDER UN 15%, 20% O 25%?
Técnicamente sí, pero no por decreto. Codelco no es una sociedad anónima con acciones transables: es una empresa del Estado regida por el D.L. 1.350 de 1976, y la nacionalización de la Gran Minería tiene rango constitucional. Vender participación exigiría una ley que transforme a Codelco en sociedad anónima (o que autorice vender filiales o divisiones específicas); definir la forma —apertura en bolsa, socio estratégico o venta de activos—; y resguardos legales para que el Estado no baje de un umbral de control (por ejemplo, 66% o 75%).
Con un Congreso fragmentado y la oposición cerrada al tema, la viabilidad política de corto plazo es baja: el propio gobierno la descartó. Un 15% es más viable políticamente que un 25%, pero recauda menos; alternativas intermedias son vender participación en filiales no estratégicas, emitir instrumentos sin derecho a voto o asociaciones por proyecto (como ya hace con privados en litio).
Este es un debate legítimo, pero la pregunta correcta no es privatizar sí o no, sino cómo capitalizamos a Codelco y mejoramos su gobierno corporativo.
Los números son el punto de partida: US$ 26.000 millones de deuda, US$ 1.127 millones anuales en intereses, y aun así aportó US$ 1.778 millones al Fisco en 2025. La empresa es valiosa, pero está financieramente estresada.
Hay que pensar que vender cuando la empresa está débil es vender barato; no vender nunca puede significar verla perder valor año tras año. Ambos riesgos son reales.
Lo que pasa con Codelco se compara con esta metáfora: es como una familia con una buena casa, pero con un dividendo que se come el sueldo: puede vender una pieza, ordenar sus gastos o renegociar el crédito. Cada opción tiene costos.
Algunas de las cifras de la estatal son: Deuda bruta: ~US$ 26.300 millones (2025) · Intereses pagados 2025: US$ 1.127 millones · Aporte al Fisco 2025: US$1.778 millones · Producción propia 2025: 1,33 millones de toneladas · Alza de costos: ~43% en cuatro años ·
Debemos recordar que Codelco fue la joya de Chile y puede volver a serlo; la discusión debería centrarse en cómo la fortalecemos —con capital, buen gobierno y menos política en su directorio—, y ese debate recién comienza.
La Cámara Minera de Chile recomienda mejorar el gobierno corporativo con profesionales ligados a la minería, técnicos expertos en finanzas y economía minera, apoyar que una parte de lo genera, como por ejemplo, que el 40% se quede en la caja de Codelco para financiar sus propios proyectos de inversión y no entregar el 100% al Ministerio de Hacienda; independizar a cada División con directorios técnicos y una regla fiscal estricta; abrirse a una alianza pública privada con los nuevos proyectos al estilo como se financió el Abra, que fue un caso exitoso.
