La bancada solicitó al presidente de la Cámara convocar a un compromiso institucional que respalde las medidas preventivas adoptadas en establecimientos educacionales y promueva un uso responsable de las facultades fiscalizadoras.
La bancada de diputados de Renovación Nacional, solicitó al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, convocar a todas las fuerzas políticas a suscribir un “Compromiso por la Seguridad y la Convivencia Escolar”, luego del oficio presentado por la diputada Emilia Schneider por la instalación de rejas y controles de acceso en dos baños del Internado Nacional Barros Arana (INBA). Lo anterior, según consta en una publicación realizada por el medio de comunicación digital, El Líbero.
La carta fue suscrita por el jefe de bancada, Diego Schalper; el subjefe, Eduardo Durán; y el integrante de la Comisión de Educación, Luis Pardo, el representante del distrito 10, Francisco Orrego y el diputado Mauro González, integrante de la comisión de Seguridad. En ella, los parlamentarios plantearon que la Cámara debe entregar una señal transversal de respaldo a las autoridades que adopten medidas “razonables, proporcionales y ajustadas a derecho” para prevenir hechos de violencia.
El requerimiento surge tras conocerse que Schneider ofició al Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro para solicitar explicaciones por las rejas instaladas en los baños de los patios Verde y Amarillo del establecimiento, además de las restricciones de aforo aplicadas en dichos espacios.
Según explicó el SLEP, las intervenciones tienen un carácter preventivo, excepcional y temporal, y fueron implementadas después de reiterados actos de vandalismo y deterioro. Asimismo, sostuvo que no han impedido el acceso de los estudiantes y que durante 2026 no se han registrado manifestaciones incendiarias en el liceo.
En el documento, RN advirtió que “cuestionar o someter a una presión política medidas de prevención adoptadas por las autoridades educativas puede terminar debilitando su capacidad de actuación y favoreciendo objetivamente a quienes buscan generar desórdenes, vandalizar establecimientos o utilizar espacios escolares para preparar acciones violentas”.
Los legisladores aclararon que su petición no busca limitar las atribuciones fiscalizadoras del Congreso, sino que estas sean ejercidas considerando sus posibles consecuencias para la seguridad de estudiantes y funcionarios, la continuidad de las clases y la capacidad de las autoridades para prevenir nuevos episodios de violencia.
El compromiso propuesto contempla el rechazo “sin matices” a la violencia política, escolar y callejera; el uso responsable de las facultades legislativas y fiscalizadoras; y el respaldo al despacho oportuno de la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno.
“La seguridad no puede quedar sometida a cálculos partidistas ni a la relativización de las acciones de grupos minoritarios que pretenden imponer sus posiciones mediante el temor y la fuerza”, concluyeron los diputados, quienes manifestaron su disposición a colaborar en la construcción de un acuerdo común dentro de la Cámara.
