Gremios que representan a micro, pequeñas y medianas empresas denuncian que el veto del Gobierno debilita una de las principales herramientas de protección para los proveedores de menor tamaño y advierten que los pagos a 60, 90 días o más golpean directamente la liquidez, el empleo y la continuidad de miles de empresas. “No pedimos subsidios ni privilegios: quien compra, debe pagar a tiempo”, enfatizan.
Las principales organizaciones representativas de las micro, pequeñas y medianas empresas del país manifestaron su “categórico rechazo” al veto presentado por el Gobierno, acusando que la medida elimina la obligación de garantizar el pago oportuno de los bienes y servicios entregados por proveedores MIPYMES.
Los gremios sostienen que el pago oportuno “no constituye un privilegio ni una concesión”, sino un principio básico de justicia comercial y de respeto a las obligaciones contractuales. “Cuando una MIPYME entrega un producto o presta un servicio, cumple íntegramente con su obligación. En consecuencia, corresponde que reciba el pago dentro de un plazo razonable y oportuno”, señalaron las organizaciones.
Los gremios advierten que miles de emprendedores y pequeños empresarios deben enfrentar diariamente las consecuencias de los pagos atrasados, esperando 60, 90 días o incluso más para recibir recursos que ya les pertenecen.
Mientras tanto, explican, las MIPYMES deben continuar pagando oportunamente remuneraciones, proveedores, arriendos, impuestos, cotizaciones y obligaciones financieras. Esta situación, según las organizaciones, deteriora la liquidez, restringe las posibilidades de inversión y crecimiento y puede terminar provocando el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. “Las grandes empresas no pueden seguir financiando sus operaciones sobre la capacidad financiera de las pequeñas empresas”, sostienen los gremios.
Los gremios suscriptores calificaron como “incomprensible” que, en un escenario marcado por dificultades económicas, bajo crecimiento y aumento del desempleo, se retroceda en una política que contribuía a mejorar la liquidez de las MIPYMES y a establecer relaciones comerciales más equilibradas.
En ese sentido, cuestionaron especialmente que el Estado elimine una obligación de pago oportuno mientras, al mismo tiempo, exige a los contribuyentes cumplir rigurosamente con sus obligaciones tributarias y legales.
“El Estado debe ser el primero en dar el ejemplo. No puede exigir el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y legales mientras posterga el pago a quienes le proveen bienes y servicios”, afirmaron.
Las organizaciones firmantes hicieron un llamado al Congreso Nacional a revisar el veto con criterios de justicia, responsabilidad económica y protección del empleo.
A su juicio, garantizar el pago oportuno no solo beneficia directamente a los proveedores, sino que también permite inyectar liquidez a la economía, prevenir quiebras, proteger empleos y fortalecer las relaciones comerciales. “Chile necesita fortalecer a sus MIPYMES, no debilitarlas”, señalaron.
Los gremios recordaron que las MIPYMES representan aproximadamente el 99% de las empresas del país y tienen un papel fundamental en la generación de empleo y en la actividad económica a lo largo del territorio nacional.
Finalmente, las organizaciones fueron enfáticas en marcar distancia respecto de cualquier solicitud de subsidios o beneficios especiales:
“No pedimos subsidios ni privilegios. Aceptamos otorgar un crédito sin intereses por hasta 30 días. Exigimos algo mucho más simple y justo: que quien compra, pague a tiempo”.
La declaración es suscrita por organizaciones nacionales y regionales de los sectores del comercio, industria, artesanado, agricultura familiar campesina, pesca, servicios, cooperativas y emprendimiento, entre ellas CONUPIA, UNAPYME, CONAGRO, UNAF, APIACOY, AMPICH, AGECOR, Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, además de diversas asociaciones gremiales y organizaciones de emprendedores de distintas regiones del país.
