No hay ejercicio pleno de libertades y derechos, sean civiles o sociales, sin un mínimo de seguridad pública. Cuando las personas no pueden salir de sus casas sin temor o ven cómo los espacios públicos son capturados por organizaciones criminales, sus derechos quedan reconocidos en el ordenamiento jurídico, pero no pueden ejercerlos plenamente en la vida real.
La seguridad y el orden público no se oponen a la libertad, sino que son una condición esencial para su existencia. Enfrentar la criminalidad, especialmente la organizada que disputa al Estado el monopolio de la fuerza pública, controla territorios y corrompe las instituciones, no es una opción, sino un deber ineludible. Desde esta perspectiva, el diagnóstico detrás de la agenda anunciada por La Moneda es correcto y legítimo.
En este contexto, el anuncio de una reforma constitucional que consagre expresamente el deber del Estado de proteger la seguridad pública genera dudas respecto de su utilidad y redundancia. El artículo 1° inciso quinto de la Constitución señala que “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia”. Las medidas para resguardar la seguridad pública y combatir el crimen organizado y el terrorismo caben en este mandato. No estamos, entonces, frente a un vacío que llenar, sino ante un deber vigente y obligatorio que, si no ha sido cumplido, no ha sido por falta de norma, sino de voluntad y capacidad de ejecución. Quizás su constitucionalización tenga un efecto más político que operativo, al aumentar el costo para los gobiernos que desatiendan este deber.
No obstante, una cosa es introducir expresamente este deber en la Constitución y otra establecer las potestades concretas que permitan cumplirlo. Por ello son relevantes los proyectos que se tramitan en el Congreso, como las reglas sobre el uso de la fuerza, entre otras materias. La agenda no puede reducirse a su componente constitucional. Es imprescindible modernizar los mecanismos para golpear las finanzas del crimen organizado, perseguir estas organizaciones como estructuras complejas y modernizar el régimen penitenciario, incluyendo el aislamiento de internos que continúan dirigiendo operaciones desde las cárceles y rigurosos controles sobre sus funcionarios.
También resulta imprescindible modernizar las aduanas. El Estado debe invertir en tecnología y capital humano para controlar las mercancías que entran y salen del país. El narcotráfico opera por pasos formales, como puertos y controles aduaneros, utilizando contenedores y la fachada de carga lícita. Fortalecer este servicio es, por tanto, una de las claves de la lucha contra el crimen organizado.
Por otro lado, la agenda tampoco aborda con suficiente contundencia dos aspectos fundamentales: la prevención y la reinserción. Sin ellos, el Estado termina conteniendo y administrando un problema, pero no reduciéndolo de manera considerable.
La seguridad es hoy un deber del Estado, con o sin nueva reforma. El desafío chileno no parece ser de texto, sino de eficacia, coordinación institucional y correcta ejecución de recursos. La mejor forma de honrar ese deber no es reescribirlo en la Carta Fundamental, sino cumplirlo: con inteligencia, instituciones robustas y siempre dentro del Estado de derecho.
