La eventual postergación de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales puede ser entendible desde el punto de vista institucional. Pero, existe un riesgo mayor y es el que muchas organizaciones interpreten esta decisión como una razón para seguir aplazando su preparación.
Sería una lectura equivocada.
Chile ha dado pasos importantes para fortalecer su institucionalidad en ciberseguridad. De hecho, el país fue reconocido recientemente como el líder de América Latina y el Caribe en el Índice de Madurez de Ciberseguridad elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ese avance, sin embargo, sólo será sostenible si las empresas desarrollan capacidades para proteger uno de sus activos más valiosos y que son los datos.
Hoy su protección dejó de ser únicamente un tema regulatorio. Se ha transformado en un componente esencial de la continuidad operacional, la confianza de clientes y proveedores, y la resiliencia de cualquier empresa frente a un escenario donde la inteligencia artificial está acelerando tanto la innovación como las amenazas.
Cada vez más organizaciones utilizan IA para automatizar procesos, analizar información y apoyar la toma de decisiones. Pero la misma tecnología también está siendo utilizada por los cibercriminales para desarrollar campañas de phishing más convincentes, automatizar ataques y explotar vulnerabilidades con mayor velocidad. En otras palabras, mientras avanzamos en transformación digital, los atacantes también lo hacen.
Las cifras son elocuentes. El Cost of a Data Breach Report de IBM reveló que el costo promedio mundial de una filtración de datos alcanzó los US$4,88 millones en 2024, el valor más alto registrado por el estudio. A ello se suma que, según el Data Breach Investigations Report de Verizon, el factor humano sigue estando presente en la gran mayoría de los incidentes de seguridad.
Por eso, el verdadero debate no debería centrarse en si la ley comienza a regir algunos meses antes o después. La pregunta es otra: ¿cuántas empresas conocen realmente dónde están sus datos críticos?, ¿quién puede acceder a ellos y cómo se están utilizando, especialmente en sistemas de inteligencia artificial?
Las organizaciones que esperen la entrada en vigencia de la ley para comenzar ese camino probablemente llegarán tarde. La regulación podrá postergarse. Las amenazas, en cambio, seguirán evolucionando todos los días. Y la confianza que una empresa pierde tras una filtración de datos tarda mucho más en recuperarse que cualquier plazo legislativo.
