Los parlamentarios valoraron los avances contenidos en el borrador del Ejecutivo, pero advirtieron que la estrategia contra el crimen organizado no puede limitarse a modificaciones legislativas. Entre sus propuestas plantearon reforzar la fiscalización portuaria, avanzar hacia una policía aeroportuaria y fortalecer la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
La Bancada de la Gente planteó complementar la reforma constitucional de seguridad que prepara el Gobierno con medidas administrativas y operativas que permitan fortalecer el control de puertos, aeropuertos y fronteras frente al narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico de personas.
La postura surge tras conocerse el borrador elaborado por el Ejecutivo, que contempla 11 modificaciones a la Constitución destinadas a ampliar las herramientas del Estado frente al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Si bien desde la bancada valoraron parte de las medidas propuestas, advirtieron que la estrategia debe incorporar acciones concretas para fortalecer la capacidad de prevención y fiscalización del Estado.
El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, sostuvo que una de las principales falencias de la propuesta está precisamente en los mecanismos de control para impedir el ingreso de mercancías ilícitas al territorio nacional.
“Estamos analizando la reforma de seguridad del Gobierno, pero nos deja muy preocupados que no haya ni una palabra respecto de la seguridad en el ingreso a nuestro país. Resulta que desde Aduanas se está revisando solo el 5% de la mercancía, en circunstancias que, por ejemplo, en Ecuador se revisa el 100% de la carga. Por tanto, podríamos perfectamente entender que el país, desde el punto de vista de los puertos, es un colador para las mercancías ilícitas”, afirmó Valenzuela.
El parlamentario también apuntó a la seguridad aérea y planteó avanzar hacia una policía especializada para los aeropuertos, además de fortalecer la capacidad tecnológica para detectar vuelos que puedan estar siendo utilizados para actividades ilícitas.
“¿Qué pasa con la seguridad aérea? ¿Por qué no tenemos hoy día una policía aeroportuaria que nos pueda brindar seguridad? No tenemos radares que detecten avionetas donde sabemos que se podrían generar espacios para trasladar mercancía ilícita”, agregó.
En la misma línea, el diputado Patricio Briones sostuvo que la propuesta del Ejecutivo todavía carece de medidas que permitan reforzar de manera concreta el control fronterizo y respaldó la posibilidad de avanzar hacia una policía aeroportuaria.
“Estimamos que el mensaje proveniente del Ejecutivo aún carece de algunas medidas que realmente impacten en la ciudadanía, que espera mayor control en nuestras fronteras, tanto aéreas como terrestres. Estimamos que una policía aeroportuaria sería un gran avance, principalmente en ejes como la seguridad y el escaneo tanto de cargas como de equipajes y personas, para evitar temas sensibles como el tráfico de personas y las drogas”, sostuvo Briones.
Por su parte, el diputado Javier Olivares valoró las medidas anunciadas por el Ejecutivo, pero planteó que todavía existen materias pendientes, entre ellas un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías.
“Estamos de acuerdo con lo que ha planteado el Gobierno con referencia a esta batería de medidas que van a venir en seguridad, pero todavía creemos, como bancada, que faltan cosas. Creemos que el Ejército y las Fuerzas Armadas deben participar en acciones concretas para poder ayudar a Carabineros de Chile y a nuestras fuerzas de seguridad para irrumpir en barrios, plazas y lugares específicos”, afirmó.
A estas propuestas, Valenzuela sumó la necesidad de fortalecer la colaboración ciudadana en la persecución del delito mediante incentivos a la denuncia. En ese contexto, explicó que desde el Partido de la Gente se encuentra en análisis una denominada “ley del topo barrial”, que buscaría destinar parte del dinero en efectivo decomisado a quien haya entregado información que permita concretar el procedimiento.
“Hay que buscar alternativas que tengan un poquito más de sentido práctico para lograr darle seguridad a la familia chilena”, concluyó el jefe de bancada.
El borrador de reforma constitucional del Ejecutivo contempla, entre otras medidas, incorporar expresamente la seguridad pública entre los deberes del Estado, establecer regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico y crear registros de organizaciones criminales.
También propone establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública ante la acción de organizaciones criminales, junto con regular la colaboración de las Fuerzas Armadas y entregar nuevas herramientas para la persecución de este tipo de delitos.
Desde la Bancada de la Gente enfatizaron que estas modificaciones deben ir acompañadas de medidas administrativas, tecnológicas y operativas que permitan al Estado fortalecer los controles de ingreso al territorio nacional y actuar tanto en las fronteras como en aquellos sectores donde el narcotráfico y el crimen organizado afectan directamente a las comunidades.
