Chile tiene una oportunidad que no deberíamos desperdiciar: modernizar de verdad su empleo público. La discusión sobre reformar el Estatuto Administrativo, establecido por la Ley N.º 18.834 de 1989, no debiera reducirse a una disputa entre funcionarios y autoridades. Lo que está en juego es qué Estado queremos construir.
El debate cobra aún mayor relevancia si observamos la evolución de la dotación pública. Según cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), sobre la evolución del empleo público, el Gobierno Central pasó de 114 mil funcionarios de dotación efectiva en 1990 a más de 407 mil en 2024 —un alza de 257%—, cifra que llega a casi 480 mil si se suma el personal fuera de dotación.
El gasto siguió la misma trayectoria: de $1,9 billones en 1990 (3,3% del PIB) a $13,8 billones en 2023 (4,9% del PIB). Hoy hay 23 empleados públicos por cada 100 privados, la proporción más alta en dos décadas, sin embargo, el crecimiento no ha venido acompañado de mejores resultados.
El indicador de efectividad gubernamental del Banco Mundial —que mide calidad del servicio público y de las políticas— cayó de 84,3% en 2012 a 69% en 2022, su nivel más bajo desde que existe registro, con una leve recuperación a 75,9% en 2023.
Reformar hacia un régimen más uniforme, basado en mérito, concursos, evaluación del desempeño, movilidad y reglas claras de desvinculación. Es un avance urgente y necesario.
Pero hay un problema que debemos enfrentar de manera directa: el “amarre” de cargos políticos en el Estado. Solo en el Gobierno Central hay 2.449 cargos de exclusiva confianza del Presidente, a los que se suman hasta 8.000 asesores que en la práctica también operan con esa lógica de confianza política, según datos recopilados por Pivotes.
Estado y gobierno no son lo mismo. Quien gana una elección tiene derecho a gobernar y a contar con personas de confianza para implementar su programa. Pero no tiene derecho a transformar esos cargos políticos en posiciones permanentes que sobrevivan indefinidamente al gobierno que los nombró a costo de todos nosotros.
Mi propuesta es avanzar hacia un régimen único para quienes cumplen funciones permanentes del Estado, con ingreso por mérito, carrera funcionaria, evaluación efectiva y mecanismos de movilidad y desvinculación por desempeño.
Al mismo tiempo, debemos crear una categoría claramente diferenciada para quienes cumplen funciones políticas o de confianza. Sugiero que estos cargos estén limitados legalmente a un máximo de 0,5% de la dotación efectiva, sean transparentes y, fundamentalmente, que terminen junto con la autoridad que los designó. Con ese techo, los cargos de exclusiva confianza bajarían de 2.449 a alrededor de 937, y los asesores, de 8.000 a cerca de 2.500: una reducción real de la discrecionalidad, no solo declarativa.
No se trata de perseguir funcionarios ni de hacer una purga política. Se trata precisamente de lo contrario: terminar con el “amarre” político y proteger la carrera funcionaria. Un funcionario que ingresó por mérito debe poder seguir trabajando cuando cambia el gobierno. Un asesor político que llegó por confianza debe entender que su cargo termina cuando termina la autoridad que lo nombro por confianza.
Con esto evitamos los extremos: un Estado capturado por los gobiernos de turno y un Estado donde los gobiernos intentan dejar instalados sus propios equipos. Cuando cambia un gobierno, debe cambiar el gobierno; no debe cambiar el Estado. Y cuando termina la confianza política, debe terminar el cargo.
La reforma del Estatuto Administrativo puede ser el comienzo de un Estado profesional, eficiente y meritocrático. Porque recuperar la confianza en el Estado exige instituciones que permanezcan, reglas claras y una administración donde el mérito pese más que la cercanía política.
