La propuesta también incluye causas por ley de drogas y terrorismo, y alcanzaría a la Administración del Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso Nacional, incluyendo a las asesorías parlamentarias.
La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca impedir que abogados que hayan representado a imputados por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo ingresen posteriormente a instituciones públicas.
Según detalla el proyecto, la inhabilidad alcanzaría a la Administración del Estado, los escalafones del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional.
En el caso del Parlamento, la restricción también se aplicaría a determinadas contrataciones y prestaciones a honorarios destinadas al ejercicio regular de asesorías jurídicas, legislativas o profesionales para comités, diputados y senadores.
La moción establece, además, que los abogados que ya trabajen en dichos organismos no podrán asumir este tipo de causas mientras permanezcan en sus cargos. Una eventual infracción podría derivar en la destitución, remoción o término del contrato, dependiendo de la institución y del estatuto aplicable.
Para verificar el cumplimiento de la normativa, el juez competente o el Ministerio Público deberán informar a la Contraloría General de la República la identidad de los profesionales que intervengan como patrocinantes, apoderados o mandatarios en las causas comprendidas por la iniciativa.
Con dicha información, la Contraloría mantendrá un registro destinado exclusivamente a fiscalizar las nuevas inhabilidades e incompatibilidades, el cual podrá ser consultado por el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, sin afectar la autonomía de estos organismos.
La propuesta excluye expresamente las actuaciones efectuadas por abogados de la Defensoría Penal Pública, prestadores del servicio de defensa penal pública y profesionales de las Corporaciones de Asistencia Judicial y al nuevo servicio de Acceso a la Justicia. Tampoco se aplicará a los egresados de Derecho que realicen allí su práctica profesional gratuita.
De acuerdo con los fundamentos de la moción, la distinción busca resguardar el derecho constitucional a defensa y evitar que la regulación afecte a quienes intervienen en estas causas como parte de una función institucional.
El proyecto amplía la regla actualmente contemplada en el artículo 61 de la Ley de Drogas, que prohíbe a los abogados de la Administración del Estado defender simultáneamente a imputados por delitos de esa normativa.
“Debemos cerrar los caminos al crimen organizado que comienza a penetrar los órganos del Estado. No se trata de discriminar, sino de establecer un estándar y un bloqueo a quienes libremente deciden defender a quienes intentan debilitar al Estado”, sentenció el integrante de la comisión de Seguridad, Mauro González..
Mientras que su par, y subjefe de bancada, Diputado Eduardo Durán agregó:“Tenemos que ser extremadamente rigurosos cuando se trata de proteger al Estado frente al avance del crimen organizado. Este proyecto busca evitar conflictos de interés y cerrar espacios para que quienes han decidido defender a imputados por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo no puedan posteriormente incorporarse a organismos públicos donde podrían tener acceso a información o ejercer funciones especialmente sensibles. No estamos cuestionando el derecho a defensa; estamos estableciendo estándares de probidad y resguardo institucional para quienes trabajan al servicio del Estado”.
Finalmente, la diputada y segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón agregó que “el crimen organizado no solamente busca controlar territorios, también busca penetrar las instituciones. Por eso creemos que el Estado tiene que anticiparse y establecer barreras claras. Si una persona decide ejercer profesionalmente la defensa de imputados por delitos vinculados al narcotráfico, el terrorismo o la asociación criminal, debe entender que esa decisión puede generar incompatibilidades con el desempeño posterior de determinadas funciones públicas. Lo que estamos haciendo es proteger nuestras instituciones y evitar que el crimen organizado encuentre nuevas vías para infiltrarlas”.
