El Ministerio Público, junto a nueve organismos públicos y del sector privado financiero constituyeron hoy la Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional, un ecosistema que busca reducir la incidencia de delitos económicos y financieros.
Las organizaciones que participan en la Mesa son: el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Banco del Estado de Chile, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación de Retail Finaciero (ARF) y NIC Chile de la Universidad de Chile. Todas ellas reconocen la necesidad de establecer mecanismos de cooperación, coordinación y colaboración de conocimientos e información para combatir las distintas variantes de fraudes financieros, mediante una estrategia integral que permita facilitar la detección de patrones delictivos.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, señaló que la constitución de la Mesa representa la decisión de construir un sistema de respuesta integrado, capaz de anticiparse a las amenazas, identificar patrones criminales, fortalecer la prevención, proteger a las víctimas y mejorar la persecución penal de quienes buscan enriquecerse mediante el engaño.
Y agregó que desde 2024, el número de notificaciones y difusiones de INTERPOL relacionadas con estafas ha aumentado un 54 %. “Acá en Chile, el Ministerio Público ha podido detectar un aumento sostenido de cifras de fraude a nivel nacional, los delitos de “uso malicioso de tarjeta, clave o dispositivo financiero ART. 7, Ley 20.009” y “Estafas y otras defraudaciones contra particulares”, representan el 22% de los delitos ingresados durante el periodo 2025, con más de 305.959 causas incrementando exponencialmente en relación con los años anteriores”, dijo.
El fraude moderno -cibernético, transnacional y sofisticado- representa una amenaza a la seguridad nacional e internacional debido a su digitalización masiva y ha evolucionado hacia una economía criminal organizada que explota medios de pago y manipula la ingeniería social a escala industrial.
Existen múltiples variantes de este fenómeno criminal, denominado Defraudaciones Informáticas, entre las que se encuentran, por ejemplo, los fraudes con redirección de pagos, (Business Email Compromise (BEC), la instalación de programas maliciosos o malware, el phishing (robo de datos), los fraudes con tarjetas de crédito y pasarelas de pago, fraudes de ofertas de créditos y usura, fraudes modalidad extorsión, los fraudes de suplantación de identidad en redes sociales y telecomunicaciones, el fraude mediante plataformas de inversión en línea (trading), los fraudes románticos y las estafas de empleo mediante ofertas falsas de trabajo, entre otras, todas las cuales tienen como único objetivo apropiarse de los dineros de las víctimas.
Esta cibercriminalidad constituye una importante fuente de ingresos para la delincuencia organizada, facilitando la comisión de otros delitos, como el terrorismo, el tráfico de drogas y la trata de personas, entre otras. Representa además una amenaza permanente y sofisticada para la prevención del lavado de activos, pues las organizaciones criminales procuran incorporar al sistema financiero los recursos provenientes del fraude y otros delitos con el fin de ocultar su origen ilícito.
La creación de esta Mesa se alinea con los acuerdos emanados de la Naciones Unidas durante la Cumbre Mundial contra el Fraude 2026, realizada en Viena, donde se reconoció la necesidad de adoptar medidas coordinadas para prevenir y combatir el fraude financiero, definido como una amenaza transnacional que evoluciona rápidamente, erosiona las confianzas, desestabiliza las economías y amenaza el Estado de Derecho.
La secretaría técnica de la Mesa la asumirá el fiscal jefe de la Fiscalía, Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, a quien le corresponderá la coordinación y dirección de la Mesa, que busca reducir la incidencia de delitos económicos y financieros mediante el intercambio sistemático de información estadística y técnica, la adopción de estándares internacionales emanados de Cumbre Mundial contra el Fraude y la optimización de los procesos de respuesta ante el aumento crítico de causas judiciales.
Entre las acciones comprometidas, la Mesa establecerá una plataforma de intercambio de información estadística, fenómenos criminales, reportes de tendencias y dinámicas delictivas y datos agregados relativos a fraudes financieros, que será administrada por el Ministerio Público.
Junto a ello, impulsarán propuestas de reformas legislativas para perfeccionar el marco normativo regulatorio y desarrollarán estrategias públicas de prevención y comunicación.
