Cada vez que ocurre una emergencia, la atención suele centrarse en las viviendas dañadas, caminos cortados o personas afectadas. Sin embargo, existe otro impacto que muchas veces pasa desapercibido, el que viven miles de emprendedores y pequeñas empresas cuando, además de enfrentar pérdidas materiales, deben seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias como si nada hubiera ocurrido.
En ese contexto, la decisión del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República de permitir que los contribuyentes de las comunas afectadas por el reciente sistema frontal puedan declarar y pagar sus impuestos mensuales hasta el 30 de octubre, sin multas ni intereses, constituye una señal que merece ser destacada. Más aún cuando, conforme evoluciona la emergencia, nuevas comunas pueden incorporarse al beneficio de acuerdo con las evaluaciones de Senapred.
Lo interesante de esta medida no es únicamente el alivio financiero que representa. Su verdadero valor está en el mensaje que transmite: el sistema tributario también puede ser una herramienta de apoyo en momentos de crisis.
Con frecuencia se percibe la tributación como un conjunto de obligaciones rígidas, con fechas inamovibles y sanciones automáticas. En condiciones normales debe ser así, porque la certeza jurídica es uno de los pilares de cualquier sistema tributario moderno. Sin embargo, las emergencias exigen algo distinto. Demandan comprender que detrás de un RUT existe una persona, una familia o un pequeño negocio que, probablemente, hoy tiene preocupaciones mucho más urgentes que ingresar a declarar un Formulario 29.
Pensemos en un pequeño almacén que estuvo varios días sin electricidad. En un restaurante que perdió mercadería por los cortes de energía. En un emprendimiento turístico que debió cerrar durante el temporal. Para ellos, el problema no es únicamente pagar el IVA unos días más tarde. La verdadera dificultad que enfrentan es que dejaron de generar ingresos mientras los gastos continuaron acumulándose.
En esas circunstancias, eliminar multas e intereses no significa regalar impuestos, es solo reconocer que el incumplimiento no nació de una decisión voluntaria, sino de una situación extraordinaria.
Esta noticia también deja una enseñanza para las empresas. Muchas veces la gestión tributaria se entiende únicamente como el cumplimiento de fechas y formularios. Sin embargo, una adecuada administración también implica conocer los beneficios, prórrogas y mecanismos de apoyo que la legislación contempla para enfrentar situaciones excepcionales.
No basta con saber cuánto impuesto corresponde pagar. También es necesario conocer cuándo la normativa permite flexibilizar ese cumplimiento y bajo qué condiciones. La educación tributaria no solo sirve para evitar sanciones, también permite aprovechar herramientas legítimas que muchas veces pasan inadvertidas.
Al mismo tiempo, estas medidas evidencian la importancia de la coordinación entre las instituciones públicas. El trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, permitió implementar un beneficio automático para los contribuyentes afectados, reduciendo la burocracia justo cuando las personas menos necesitan enfrentar nuevos trámites.
Naturalmente, siempre existirán voces que cuestionen este tipo de flexibilizaciones por considerar que generan excepciones dentro del sistema tributario. Sin embargo, tratar igual a quienes enfrentan realidades completamente distintas tampoco constituye un principio de justicia. La equidad exige reconocer que una emergencia modifica las condiciones bajo las cuales personas y empresas desarrollan su actividad económica.
Chile es un país que convive permanentemente con terremotos, incendios, inundaciones y sistemas frontales cada vez más intensos. Esa realidad obliga a que nuestras instituciones no solo sean eficientes para recaudar impuestos, sino también flexibles para responder cuando las circunstancias lo requieren.
Quizás esa sea la principal lección de esta noticia. La modernización del Estado no consiste únicamente en digitalizar procesos o incorporar nuevas plataformas tecnológicas. También implica desarrollar instituciones capaces de comprender el contexto de quienes cumplen con sus obligaciones.
