Hoy miles de familias pagan arriendo durante años, pero no logran comprar una vivienda porque no consiguen reunir el pie. La propuesta del diputado Juan Santana busca cambiar eso: que parte de lo que una familia paga mensualmente por su arriendo pueda acumularse y utilizarse como ahorro para comprar esa misma vivienda.
La iniciativa, que será patrocinada junto a otros diputados, busca regular y modernizar el sistema de arriendo con promesa de compraventa, para que el esfuerzo mensual destinado al arriendo pueda servir también para avanzar hacia la casa propia, contando además con reglas claras para proteger ese ahorro y con un derecho de preferencia para comprar la vivienda que habitan.
Sobre el proyecto, el parlamentario explicó que “actualmente, muchas familias han demostrado durante años que pueden pagar una vivienda, cumpliendo puntualmente con el pago de su arriendo, pero no logran dar el salto a la casa propia porque no consiguen reunir el pie para la compra”.
Además, agregó que “lo que buscamos con la Ley del Primer Pie es que parte de ese esfuerzo mensual pueda transformarse en ahorro y servir para comprar la vivienda que ya habitan. Esta figura existe en Chile, pero hoy depende de acuerdos entre las partes y no cuenta con una regulación que entregue suficiente protección y certezas. Queremos regularla, modernizarla y convertirla en una alternativa real para que el arriendo pueda ser el primer paso hacia la casa propia”.
El proyecto modifica la actual Ley N°19.281, vigente desde 1993, estableciendo que al menos un 15% del valor del arriendo deberá imputarse al precio de la vivienda. Además, la iniciativa establece reglas para la restitución de los montos acumulados cuando el contrato termine, incorpora mayores obligaciones de información para quienes ofrezcan este tipo de contratos, regula los gastos de gestión y corretaje y amplía las entidades que podrán ofrecer leasing habitacional, incluyendo bajo determinadas condiciones a propietarios personas naturales y cooperativas cerradas.
La propuesta mantiene el plazo máximo de 20 años contemplado actualmente en la legislación y busca simplificar, además, la forma en que se realiza el ahorro asociado a este tipo de contratos.
