La iniciativa será presentada en paralelo en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Ambos parlamentarios se encuentran buscando respaldos transversales para su ingreso.
La senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos del PS, anunciaron que impulsarán un proyecto de ley que crea el delito de “traición institucional”, destinado a sancionar especialmente a autoridades y funcionarios públicos que utilicen su cargo para colaborar con organizaciones criminales, facilitar sus actividades o procurar impunidad para sus integrantes.
La iniciativa contempla cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con penas mayores para quienes desempeñen funciones en áreas sensibles como seguridad pública, inteligencia, persecución penal, cárceles y control de fronteras.
El proyecto será presentado en paralelo en ambas cámaras del Congreso. Cicardini y Manouchehri se encuentran actualmente conversando con parlamentarios de distintos sectores para reunir respaldos transversales antes de su presentación.
Al respecto, Manouchehri señaló que “Chile cruzó un umbral. El crimen organizado ya no solo quiere controlar las calles, está penetrando el Estado. Ya hemos conocido decenas de casos de narcotráfico dentro de instituciones encargadas de nuestra seguridad.”
“Por eso proponemos crear el delito de traición institucional. La autoridad o funcionario que use su cargo para proteger al narco tendrá cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Las penas serán mayores cuando se trate de áreas sensibles como policías, inteligencia, cárceles o fronteras. Y por primera vez será delito financiar campañas y partidos con plata del narco. Porque quien usa el poder que el pueblo le entregó para proteger al narco traiciona al Estado, y esa traición se paga con cárcel”, remarcó.
La propuesta también establece un delito específico para el financiamiento de campañas políticas y partidos con recursos provenientes del crimen organizado, incluyendo a candidatos, jefes de campaña, administradores electorales y responsables financieros de partidos que actúen con conocimiento del origen criminal de esos recursos.
En esa línea, Cicardini sostuvo que “cuando el crimen organizado logra comprar a un funcionario, conseguir información reservada o financiar una campaña, deja de ser solamente un problema policial. Se convierte en una amenaza para la democracia”.
“Queremos cerrar esa puerta antes de que sea demasiado tarde. Quien trabaje para el narcotráfico no puede seguir representando ni trabajando para el Estado. Por eso estamos buscando un respaldo transversal. Frente al crimen organizado, el sistema político tiene que actuar unido y sin ninguna contemplación”, destacó.
