El diputado e integrante de la Comisión de Medio Ambiente cuestionó las declaraciones del Mandatario y advirtió que detrás de la relativización de la protección de estos ecosistemas existen intereses privados, principalmente vinculados al sector inmobiliario.
Luego de que el Presidente José Antonio Kast cuestionara la extensión del humedal Rocuant-Andalién preguntando si el país va a tener “un humedal de 1.500 hectáreas que nadie usa”, el diputado por el Distrito 7 e integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Jaime Bassa, ofició a la Contraloría General de la República, al Ministerio del Medio Ambiente y al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), ante antecedentes que dan cuenta de que actualmente no se estarían tramitando los permisos establecidos en el artículo 41 de la Ley N° 21.600 para determinadas alteraciones físicas de humedales.
La fiscalización surge luego de que el propio SBAP informara, mediante un oficio fechado el 12 de agosto, que mientras no concluya la elaboración e implementación del Inventario de Humedales previsto en el artículo 39 de la ley, no resulta posible determinar a qué humedales se aplica este régimen de autorización y, por tanto, actualmente no dispone de un procedimiento administrativo habilitado para tramitar dichos permisos.
Al respecto, Bassa señaló que: “El Presidente acaba de decir que los humedales son terrenos que nadie usa y yo me resisto a creer que esto sea simplemente un acto de ignorancia. No puede no saber las funciones ambientales fundamentales que cumplen, que el estado tiene el deber de protegerlos y frente a sus palabras y a los antecedentes que hemos conocido respecto de la aplicación de la Ley N° 21.600, hoy nos manifestamos precisamente para demandar el cumplimiento de las garantías administrativas necesarias para la protección efectiva de los humedales. No puede ser que la demora en la implementación de esta normativa termine abriendo una ventana para la explotación comercial e inmobiliaria de estos terrenos”.
El parlamentario agregó que “Le hemos pedido a Contraloría que determine si la decisión del Servicio, de no tramitar estos permisos se ajusta a derecho y si corresponde utilizar transitoriamente el Inventario Nacional de Humedales que ya tiene el Ministerio del Medio Ambiente. También queremos que el Ministerio y el Servicio expliquen qué están haciendo mientras se implementa el nuevo inventario, porque la protección ambiental no puede quedar suspendida por razones administrativas. Y esto no es ignorancia, aquí hay una estrategia para ridiculizar la protección del medioambiente que es funcional a la protección de intereses privados, principalmente vinculados a las inmobiliarias y aquí no vamos a ceder”.
En tanto, el vocero del Observatorio de Conflictos Socioambientales Aconcagua y Alianza Territorial Natbio, Jorge Morales, cuestionó las declaraciones del Mandatario y valoró la fiscalización impulsada por Bassa. “Decir que un humedal es un espacio que ‘nadie usa’ refleja una mirada equivocada sobre el valor de estos ecosistemas. Los humedales cumplen funciones fundamentales para los territorios: regulan el agua, amortiguan inundaciones, sostienen biodiversidad y contribuyen a enfrentar los efectos de la crisis climática. Su valor no depende de que puedan ser utilizados económicamente. Por eso valoramos este oficio, porque es indispensable que el Estado garantice su protección efectiva y que ninguna demora administrativa termine facilitando su intervención sin los controles correspondientes”, sostuvo.
En concreto el oficio requiere al Ministerio del Medio Ambiente y al SBAP informar si el Servicio cuenta con acceso a los datos y catastros del Inventario Nacional de Humedales existente, detallar el avance y los plazos para la implementación del nuevo instrumento y precisar qué mecanismos transitorios y medidas de fiscalización se adoptarán para resguardar los humedales mientras se completa este proceso.
