La Bancada del Partido de la Gente solicitó al organismo fiscalizador informar si existen denuncias reiteradas por cargas inferiores a las pagadas u otras irregularidades en estaciones de servicio, además de identificar las empresas, marcas y zonas del país donde se concentran estos casos.
La Bancada del Partido de la Gente ofició a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para conocer la existencia y alcance de denuncias relacionadas con eventuales irregularidades en la venta y carga de combustibles en estaciones de servicio del país.
La acción fiscalizadora surge luego del caso ocurrido en una estación Aramco de Hualpén, donde el influencer Rodrigo Fernández denunció que, tras solicitar una carga de $30 mil de combustible, un trabajador le habría entregado una boleta correspondiente a una operación anterior por el mismo monto, pese a que el combustible solicitado no habría sido cargado a su vehículo.
Más allá de este episodio particular, desde la bancada buscan determinar si este tipo de situaciones corresponde a hechos aislados o si existen antecedentes que permitan advertir prácticas reiteradas que puedan estar afectando a consumidores en distintas regiones del país.
Frente a ello, el diputado Patricio Briones puso el énfasis en la necesidad de reforzar el control sobre este tipo de situaciones. “La fiscalización tiene que ser mayor y, principalmente, efectiva, para que el chileno de a pie no sufra el embate de inescrupulosos que buscan sacar partido de aquella persona de clase media que trata de llevar su vida en paz”, enfatizó.
Por medio del oficio, los parlamentarios solicitaron a la SEC informar si cuenta con registros de denuncias de usuarios que hayan recibido una cantidad de combustible inferior a la pagada o solicitada y, en caso de existir estos antecedentes, detallar el número de casos registrados y su distribución territorial.
Asimismo, se requirió individualizar las estaciones de servicio, empresas operadoras o marcas respecto de las cuales se haya concentrado una mayor cantidad de denuncias, con el propósito de establecer si existen establecimientos o cadenas donde este tipo de irregularidades se presente de manera reiterada.
El diputado Roberto Arroyo apuntó a la incertidumbre que hechos de esta naturaleza pueden generar entre quienes cargan combustible diariamente. “Hoy la gente queda con la duda de si está recibiendo realmente la cantidad de litros que paga. Ya tenemos combustibles caros y a la clase media le cuesta llegar a fin de mes. No puede ser que, además de eso, existan personas que puedan estar siendo estafadas. Necesitamos que las autoridades pongan cartas en el asunto”, recalcó.
El requerimiento también busca conocer si la Superintendencia ha recibido antecedentes relacionados con mecanismos como la utilización de comprobantes correspondientes a operaciones anteriores para aparentar una carga de combustible, práctica conocida coloquialmente como “hacer la mula”.
A ello se suman eventuales irregularidades o alteraciones en los surtidores que puedan generar diferencias entre la cantidad de combustible registrada por el dispensador, el monto pagado por el consumidor y el volumen efectivamente ingresado al estanque del vehículo.
En esa línea, el diputado Alex Nahuelquin sostuvo que resulta necesario establecer la dimensión que podrían alcanzar este tipo de hechos. “Lo sucedido en una bencinera en Hualpén es inaceptable. Necesitamos saber a cuánta gente más le ha pasado lo mismo, porque esto no es algo nuevo. No puede ser que suban constantemente el precio de los combustibles y además se estafe a la gente que tanto le cuesta llegar a fin de mes”, afirmó.
Con estos antecedentes, la Bancada del Partido de la Gente busca dimensionar la magnitud real del problema, conocer dónde se concentran las denuncias y determinar si resulta necesario reforzar los mecanismos de fiscalización y protección de los usuarios de estaciones de servicio a nivel nacional.
