La iniciativa impulsada por el Gobierno busca perfeccionar el sistema de medidas cautelares, fortaleciendo su continuidad, supervisión y cumplimiento, junto con mejorar herramientas como el monitoreo telemático y la coordinación institucional frente a situaciones de riesgo.
La Serena, 02 de septiembre de 2026.- Fortalecer la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia y mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones de riesgo son parte de los principales objetivos del proyecto de ley de Medidas Cautelares Reforzadas, iniciativa impulsada por el Gobierno que busca perfeccionar el actual sistema de protección frente a la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres.
El proyecto propone modificaciones a cinco cuerpos legales y aborda distintos ámbitos del sistema, entre ellos la continuidad de las medidas cautelares, la coordinación entre los tribunales de Familia y la justicia penal, el fortalecimiento del monitoreo telemático, el control de las medidas decretadas judicialmente y la respuesta frente a sus incumplimientos.
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la Región de Coquimbo, Rudy Rivera Bugueño, destacó que la iniciativa busca avanzar hacia una protección que no solo sea decretada judicialmente, sino que también tenga seguimiento y pueda ser efectivamente cumplida.
“Una medida cautelar no puede quedar solamente en el papel. Cuando una mujer está viviendo violencia y existe una medida para protegerla, necesitamos que esa protección tenga seguimiento, continuidad y una respuesta efectiva frente a un eventual incumplimiento. Este proyecto busca fortalecer esas herramientas y cerrar brechas para que el Estado pueda responder de manera más oportuna frente al riesgo”, señaló la autoridad regional.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa apunta a fortalecer la continuidad de la protección cuando una causa transita desde los tribunales de Familia hacia la justicia penal, evitando que una mujer quede desprotegida mientras se resuelven eventuales conflictos de competencia. Junto con ello, se busca mejorar los mecanismos de coordinación entre los tribunales de Familia, juzgados de Garantía y el Ministerio Público.
“Una mujer que está en riesgo no puede quedar desprotegida porque su causa cambió de tribunal. Necesitamos una cadena de protección que funcione de manera continua, donde las instituciones estén coordinadas y donde la seguridad de la víctima esté presente durante todo el proceso”, enfatizó Rivera.
La propuesta también contempla fortalecer el monitoreo telemático en determinadas causas de violencia intrafamiliar, permitiendo que esta herramienta pueda ser solicitada en una etapa más temprana ante los juzgados de Garantía, sin que ello signifique una aplicación automática. Su utilización continuará dependiendo de una decisión judicial fundada y proporcional al riesgo.
Asimismo, el proyecto aborda la inutilización intencional de los dispositivos de monitoreo y busca fortalecer la respuesta frente al incumplimiento de determinadas medidas cautelares. También considera la colaboración de inspectores de seguridad municipal con las policías para el control de ciertas prohibiciones decretadas judicialmente, dentro de las atribuciones y protocolos que establezca la legislación.
“El monitoreo telemático es una herramienta importante, pero ningún dispositivo por sí solo garantiza la seguridad de una mujer. Tiene que existir evaluación del riesgo, seguimiento, coordinación institucional y capacidad de reaccionar oportunamente frente a una alerta. El dispositivo es una herramienta; la protección tiene que funcionar como un sistema”, explicó la seremi.
Otro de los ámbitos considerados por la iniciativa es el hostigamiento que puede producirse mediante mensajes, redes sociales, plataformas digitales u otros mecanismos tecnológicos, permitiendo que la protección judicial pueda responder también frente a estas formas de violencia.
A ello se suma la posibilidad de contar, en determinados tribunales de Garantía, con jueces o juezas con dedicación preferente en materias de violencia intrafamiliar, favoreciendo una mayor especialización y continuidad en el conocimiento de estas causas.
La seremi Rudy Rivera recalcó que la iniciativa inicia su discusión legislativa y podrá ser perfeccionada durante su tramitación, pero enfatizó que su propósito central es avanzar hacia una respuesta estatal más efectiva frente a las situaciones de violencia.
“Una medida cautelar que no se controla, no protege. Nuestro desafío es que las herramientas que existen tengan seguimiento, que las instituciones actúen coordinadamente y que podamos responder cuando una mujer está en riesgo. Queremos avanzar hacia una protección más efectiva, oportuna y continua para las mujeres víctimas de violencia”, concluyó la autoridad regional.
