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Inteligencia Artificial en el aula: entre la promesa y la prudencia. Por Cristián Céspedes, académico del Magíster en Docencia para la Educación Superior de la UNAB

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La irrupción de la inteligencia artificial generativa en la educación exige algo más que entusiasmo tecnológico: exige criterio. Los datos internacionales confirman su avance acelerado. Según el estudio TALIS 2024 de la OCDE, el 37 % del profesorado de educación secundaria ya utiliza IA en su trabajo, mientras que el 57 % considera que estas herramientas contribuyen a la elaboración de recursos y a la mejora de la planificación docente. La OCDE reporta incluso que el uso de IA generativa ha reducido hasta en un 31 % el tiempo dedicado a la planificación de lecciones en secundaria. La promesa es real: alivio administrativo y mayor eficiencia percibida.

Pero la moneda tiene otra cara. Cuando el docente consulta a ese oráculo con nombre galáctico antes que, a su propia experiencia, se erosiona la confianza en sus conocimientos, su autoeficacia baja y se debilita su misión como líder y mentor en la educación superior. La OCDE advierte sobre el riesgo de delegar excesivamente la retroalimentación y la evaluación en la IA, lo que podría debilitar el juicio profesional del docente a largo plazo. Convertida en oráculo, la IA amenaza lo más valioso del acto educativo: la cocrianza del conocimiento, su dimensión social y constructiva. Aprender no es descargar respuestas; es un vínculo que nos une como sociedad, y ese vínculo se pierde cuando la pantalla nos desvincula del otro. A ello se suma la brecha tecnológica mediada por la edad: con un profesorado envejecido, donde cerca de un tercio supera los cincuenta años, la adopción no es homogénea. La formación inicial y continua del profesorado se vuelve, así, el eslabón decisivo.

La prudencia internacional ilustra el debate. La UNESCO informa que el 58 % de los sistemas educativos, unos 114 países, aplican hoy restricciones al uso de dispositivos móviles en las escuelas, frente al 24 % de 2023. Países como Francia, China y Países Bajos han endurecido sus políticas. La lección no es prohibir la tecnología, sino ordenarla pedagógicamente. La propia OCDE recomienda que las herramientas de IA no se compren “en paquete” a las tecnológicas, sino que se co-desarrollen con expertos pedagógicos. He aquí la urgencia de unir criterios entre empresas y universidades.

Esto obliga a repensar la evaluación. Si la IA redacta ensayos en segundos, medir comprensión de contenidos pierde sentido; el foco debe migrar hacia el pensamiento crítico, el proceso y la aplicación.

¿Y Chile? El país actualizó en 2024 su Política Nacional de Inteligencia Artificial, y si bien sus resultados en las mediciones PISA, sitúa al país en el podio del barrio y con un ratio destacado entre su población y su cantidad de universidades entre las 200 mejores de Latinoamérica, sin políticas públicas que articulen infraestructura, formación docente y regulación con sentido pedagógico, la IA ampliará estas brechas en lugar de acortarlas. La tecnología no reemplaza el criterio. Lo exige.

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