La discusión sobre la Sala Cuna Universal volvió a postergarse en el Senado, pero el debate de fondo sigue plenamente vigente.
El proyecto representa un avance relevante. Corrige una distorsión histórica que vinculaba este beneficio exclusivamente con la contratación de mujeres, generando incentivos que perjudicaban su acceso al empleo formal. Además, permite avanzar hacia un sistema universal y terminar con la incertidumbre del bono compensatorio.
Sin embargo, subsiste una pregunta central: ¿quién paga la cuenta? La fórmula contempla un aporte del empleador, compensado mediante una reducción equivalente de su cotización al Seguro de Cesantía. En los hechos, parte del financiamiento provendría de recursos destinados a proteger a los propios trabajadores.
Es comprensible que el actual escenario económico no sea propicio para agregar presiones al costo laboral. Pero ello no debiera cerrar la discusión. La sala cuna también beneficia a las empresas, al favorecer la participación laboral, la retención de talento y la productividad. Por eso, a medida que la economía avance, es indispensable contemplar un aporte empresarial directo a su financiamiento.
El proyecto es un paso importante, pero su aprobación no debiera cerrar el debate sobre la forma de distribuir sus costos de manera más equilibrada y sostenible.
