Hasta el pasado martes 25 de agosto, los colegios chilenos podían inscribirse gratuitamente en una campaña nacional que promete una semana de dinámicas activas dentro de la jornada escolar. La iniciativa se llama Todos Somos Parte del Juego, la impulsa Misión Korex junto a Soprole y Smart Fit, cuenta con el respaldo del Ministerio del Deporte y de la Pontificia Universidad Católica, y hasta ahora ha convocado a más de 135 establecimientos en 11 regiones y 46 comunas, con más de 20.000 estudiantes y un 92 por ciento de recintos del sector público.
El propósito declarado no es menor: apoyar la implementación de la Ley de los 60 Minutos. Ahí está el detalle que merece una conversación más incómoda. Una ley de la República está siendo apoyada, en su arranque, por una campaña de marcas.
Conviene recordar qué se aprobó. La Ley 21.778, publicada en el Diario Oficial el 25 de noviembre de 2025, obliga a los establecimientos de educación parvularia, básica y media, públicos y privados, a garantizar al menos sesenta minutos diarios de actividad física, juegos activos y deporte durante la jornada educativa, sin sustituir la asignatura de Educación Física y Salud. Su entrada en vigencia es gradual: en 2027 comienza desde parvularia hasta cuarto básico y en 2028 se extiende hasta cuarto medio. En su momento, la norma fue celebrada como un cambio cultural, y lo es. El problema es que las leyes no mueven a nadie. Mueven personas, y esas personas necesitan formación, tiempo protegido, espacios adecuados y una institucionalidad que las sostenga cuando termine el entusiasmo inicial.
La evidencia respalda con fuerza la decisión de fondo. Una revisión sistemática de revisiones publicada este año en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry reunió 21 revisiones sistemáticas, 375 ensayos controlados aleatorizados y 38.117 participantes de 5 a 18 años, y encontró efectos moderados y favorables del ejercicio sobre síntomas de depresión y ansiedad, con especial rendimiento del trabajo de intensidad moderada y de fuerza. A eso se suma el dato que Chile ya conoce de memoria y sigue sin resolver: el Mapa Nutricional de Junaeb muestra que alrededor de la mitad de los escolares del país presenta malnutrición por exceso. No falta justificación científica. Falta capacidad instalada.
Y esa capacidad no se improvisa con un kit digital. Sesenta minutos diarios de movimiento dentro de una jornada escolar ya saturada exigen decisiones técnicas finas. Qué contenidos motores se trabajan a los cinco años y cuáles a los quince. Cómo se integran pausas activas sin destruir el ritmo de aprendizaje. Cómo se ajusta la actividad para un estudiante con discapacidad, tal como la propia ley exige. Cómo se evita que la hora diaria termine convertida en fútbol libre para los que ya juegan bien y en tribuna para el resto, que suele ser precisamente el grupo que más necesita moverse. Nada de eso es sentido común. Es conocimiento profesional en desarrollo motor, en pedagogía del movimiento y en ciencias del deporte, y hoy el sistema escolar chileno no tiene garantizado que ese conocimiento esté disponible en cada establecimiento.
Que el sector privado colabore no es el escándalo. Las alianzas público privadas han empujado buena parte del deporte escolar en el mundo y una campaña bien diseñada puede instalar prácticas, generar entusiasmo y mostrar que la cosa es posible. El riesgo es otro y es de gestión: que una obligación legal de carácter permanente se apoye estructuralmente en iniciativas que son, por naturaleza, temporales, voluntarias y sujetas a presupuestos de marketing. Una semana de dinámicas activas termina el viernes. La ley empieza en 2027 y no tiene fecha de término. Cuando la campaña se retire, la pregunta seguirá siendo quién diseña, quién conduce, quién evalúa y quién responde si los sesenta minutos no ocurren.
Hay además un asunto de medición que Chile suele saltarse. La ley fija un insumo, minutos, no un resultado. Si nadie define indicadores de cumplimiento, de calidad de la práctica y de impacto sobre condición física, salud mental y convivencia escolar, en 2029 se podrá afirmar que la norma se aplica y nadie estará en condiciones de demostrar si sirvió. Contar minutos es fácil. Verificar que esos minutos produjeron competencia motriz, adherencia y bienestar es una tarea técnica que requiere método y profesionales capaces de aplicarlo.
Chile eligió el camino correcto al legislar sobre el movimiento infantil. Le falta la parte menos vistosa del proceso, que es construir la estructura que convierte una obligación escrita en práctica cotidiana. Las políticas públicas deportivas se juzgan por su ejecución, no por su promulgación, y la ejecución depende de profesionales formados, financiamiento estable y evaluación seria. Mientras esa arquitectura no exista, la Ley de los 60 Minutos seguirá dependiendo de la buena voluntad de quienes se inscriban antes del 25 de agosto. Y una política de salud pública que descansa en la buena voluntad no es una política. Es una expectativa.
