La instancia de Vivienda respaldó las ideas matrices considerando la necesidad de cientos de vecinos de regularizar sus construcciones, muchas de las cuales han sido ampliadas o modificadas sustancialmente.
Hasta ayer 7 de septiembre fue el plazo para que las y los senadores y el Ejecutivo presenten indicaciones al proyecto que amplía el régimen excepcional de regularización de viviendas y actualizar la fecha de su aplicación, el que cuenta con urgencia suma.
La iniciativa iniciada en moción cursa su segundo trámite en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, la que en su última sesión aprobó en general la propuesta. La idea central es permitir la regularización de viviendas construidas o ampliadas sin todos los permisos municipales, mediante un procedimiento más simple.
El diputado Javier Muñoz, uno de los autores del texto, explicó que se pretende que más personas puedan poner al día los papeles de sus viviendas. “Para ello se amplía tanto el plazo para regularizar como el tipo de construcciones que pueden acogerse al beneficio”, comentó.
“La anterior ley del Mono regía hasta el 2016, pero entre medio han pasado muchas cosas como la pandemia que hizo que la gente ampliara sus casas por el teletrabajo y el retiro del 10% de los fondos de las AFP también incentivó la mejora de los inmuebles”, hizo ver.
En la sesión del 1 de septiembre, las senadoras Alejandra Sepúlveda y Loreto Carvajal y los senadores Fidel Espinoza (presidente) y Miguel Ángel Becker coincidieron en la necesidad de despachar la iniciativa dada su utilidad práctica.
Al mismo tiempo, la Comisión hizo ver la necesidad de incorporar a viviendas construidas antes del 2016, tema que será tratado en el debate en particular.
PROYECTO
Tras el trabajo realizado en primer trámite, el proyecto extiende hasta el 31 de diciembre de 2029 la posibilidad de obtener, en forma simultánea, el permiso de edificación y la recepción definitiva. La medida se dirige a propietarios de viviendas construidas antes del 28 de noviembre de 2025, que no cuenten con recepción definitiva, total o parcial, y que se encuentren emplazadas en áreas urbanas o rurales.
También se eleva de mil a dos mil UF, el avalúo fiscal máximo para acogerse al régimen de regularización. Para ello se requerirá de un certificado del Servicio de Impuestos Internos (SII). Asimismo, se amplía de 90 a 120 metros cuadrados la superficie máxima de las viviendas incluidas en este procedimiento de regularización. Ambos límites no se aplicarán a las viviendas beneficiadas con subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo destinados al mejoramiento y/o ampliación de la vivienda.
En el caso de viviendas aisladas, pareadas o continuas, de hasta dos pisos y con una superficie igual o inferior a 120 m², se exigirá contar con una resistencia al fuego mínima F15 en todos sus elementos y componentes soportantes, siempre que el muro de adosamiento o divisorio cumpla con las exigencias establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
