Las parlamentarias Ramírez y Contreras, advirtieron que las restricciones fiscales no pueden traducirse en nuevos recortes a infraestructura escolar, jardines infantiles, alimentación, becas y programas de apoyo. El llamado surge luego de que organizaciones del sector alertaran por una reducción cercana a $75 mil millones aplicada durante 2026 al Ministerio de Educación y sus servicios.
Las diputadas Lilian Betancurt y Flor Contreras (PDG) llamaron a proteger los recursos destinados a educación durante la discusión del Presupuesto 2027, luego de que el Colegio de Profesores y distintas asociaciones de trabajadores del sector manifestaran su preocupación por los ajustes realizados este año. Entre las áreas que podrían verse afectadas se encuentran infraestructura escolar, JUNJI, Junaeb, educación parvularia, programas de apoyo y prestaciones destinadas directamente a niños y jóvenes.
Betancurt, integrante de la Comisión de Salud, puso especial énfasis en aquellos programas que inciden en el bienestar físico y emocional de las comunidades educativas. “Una restricción presupuestaria no puede terminar debilitando la alimentación de nuestros niños, la salud escolar o el apoyo que reciben estudiantes y profesores que hoy enfrentan problemas de salud mental y violencia dentro de los establecimientos. Antes de hacer nuevos ajustes tenemos que revisar dónde se está gastando mal y proteger los recursos que llegan directamente a las personas”.
Contreras, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, apuntó al impacto que las rebajas pueden tener sobre los hogares que dependen en mayor medida de la educación pública. “Cuando se recortan recursos para jardines infantiles, becas, infraestructura o apoyo escolar, el efecto no queda en una planilla presupuestaria. Lo siente la familia que necesita una sala cuna para poder trabajar, el estudiante que depende de una beca y la comunidad que espera años por mejorar su establecimiento. El Presupuesto 2027 tiene que cuidar primero aquello que sostiene a las familias”.
Las organizaciones del sector solicitaron que el próximo presupuesto no profundice los ajustes aplicados durante 2026 y que se resguarden recursos para infraestructura, educación parvularia, salud escolar, becas, dotaciones y programas de apoyo. Betancurt y Contreras coincidieron en que el Congreso deberá exigir transparencia sobre los efectos de los recortes y asegurar que las restricciones fiscales no terminen reduciendo prestaciones esenciales para estudiantes y familias.
