El legislador comunista y presentó una indicación al proyecto de ley «Antibarricadas» en la Comisión de Seguridad, para evitar la criminalización de las manifestaciones pacíficas, al igual que su par socialista Raúl Leiva. Pese a alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo y parlamentarios oficialistas, ambas propuestas fueron rechazadas.
La indicación de Salinas no buscaba proteger hechos violentos, sino resguardar el derecho a la manifestación y establecer una diferenciación clara entre las movilizaciones pacíficas y aquellas acciones que constituyan delitos.
Tras la votación, el representante de la Región de Coquimbo cuestionó el cambio de posición del Ejecutivo y de los parlamentarios oficialistas.
“Hubiéramos ahorrado muchísimo tiempo si aquí se hubiera dicho que lo que se quiere es tener un control del orden público, un control social. Así de simple, porque efectivamente pareciera que el Gobierno se está preparando para un estallido social dos, porque en materia de agenda de seguridad pública no tenemos nada”, señaló.
El legislador añadió que el proyecto de ley presentado por el Presidente José Antonio Kast constituye una “discusión encubierta”, donde, a su juicio, se busca criminalizar el legítimo derecho a manifestarse.
“Aquí se quiere criminalizar el legítimo derecho que tienen todos los seres humanos. Sólo decir que hoy día la mayoría circunstancial está hipotecando la vida de todos los ciudadanos de este país”, afirmó.
El diputado comunista también advirtió sobre las consecuencias que esta legislación podría tener para los actuales sectores oficialistas en un eventual escenario futuro como oposición.
“Cuando sean oposición, va a quedar en su conciencia. Les va a tocar enfrentar estas mismas normas y van a quedar absolutamente amarrados cuando no estén conformes con la acción de un gobierno o con sus leyes”, sostuvo.
Finalmente, Bernardo Salinas subrayó que la decisión adoptada en la Comisión de Seguridad Ciudadana representa un riesgo para las libertades democráticas.
“Estamos hipotecando el legítimo derecho a la manifestación”, concluyó.
Las propuestas, presentadas por los diputados Salinas y Leiva buscaban establecer que una manifestación, huelga o movilización pacífica no se transforme en delito únicamente por alterar transitoriamente la circulación o el funcionamiento normal de un servicio.
