Roberto Arroyo y Lilian Betancurt, integrantes de la Comisión de Salud, valoraron el inicio de la desocupación de estas estructuras, pero insistieron en fiscalizar las condiciones sanitarias, los plazos definitivos y la gestión del organismo, que continúa sin director nacional titular.
Los diputados del Partido de la Gente (PDG) Roberto Arroyo y Lilian Betancurt solicitaron esclarecer la situación de fondo que atraviesa el Servicio Médico Legal (SML). Si bien el organismo comunicó recientemente la desocupación y retiro definitivo del primero de los tres contenedores refrigerados instalados en la sede de avenida La Paz (Recoleta) —luego de aumentar el ritmo de las inhumaciones—, los parlamentarios advirtieron que la crisis por los cuerpos no reclamados aún persiste.La institución debió recurrir a estas estructuras desde septiembre de 2024 ante la alta demanda y el colapso de sus capacidades, llegando el contenedor recientemente retirado a almacenar un máximo de 12 cadáveres.
Actualmente, la Región Metropolitana registra un importante número de cuerpos sin retirar, de los cuales una parte significativa corresponde a personas identificadas no reclamadas y otros que permanecen sin identificar, manteniéndose todavía el uso de las dos estructuras refrigeradas restantes.
Arroyo, integrante de la Comisión de Salud, advirtió que el caso debe analizarse considerando los problemas de gestión que ha enfrentado el organismo y que actualmente continúa bajo una dirección subrogante. “El retiro de este primer contenedor es un avance, pero esto dejó de ser una medida excepcional cuando llevamos prácticamente dos años utilizando este tipo de estructuras para almacenar cuerpos. Queremos saber por qué se llegó a este límite, si las instalaciones que quedan cumplen todas las exigencias sanitarias y cuál es el plan concreto y definitivo para terminar con ellas. El Servicio Médico Legal cumple una función demasiado sensible para que las soluciones transitorias se prolonguen tanto en el tiempo”, sostuvo.
Por su parte, Betancurt, también integrante de la Comisión de Salud, puso el foco en la dignidad y el trato que deben recibir las personas fallecidas y sus familias. “No estamos hablando de una cifra administrativa, sino de personas. Algunas todavía deben ser identificadas y otras ya están identificadas, pero siguen sin ser retiradas. El aumento en el ritmo de inhumaciones que permitió retirar este contenedor demuestra que con gestión se puede avanzar, pero el Estado tiene que garantizar de forma permanente que cada cuerpo sea tratado con respeto y que las familias reciban respuestas oportunas, sin depender de medidas de emergencia”, señaló.
Finalmente, los parlamentarios pidieron al SML y al Ministerio de Salud antecedentes detallados sobre las condiciones y autorizaciones sanitarias de los contenedores que siguen operativos, además de solicitar a la Contraloría General de la República evaluar una fiscalización especial sobre la gestión de los cuerpos no retirados y el cumplimiento de observaciones previas al organismo.
